Días antes de la muerte de dos motociclistas, que chocaron contra un camión detenido en una barrera ilegal de la Policía Caminera, el presidente de la República, Santiago Peña, vetó una ampliación presupuestaria de casi G. 800 millones para dicha entidad. El expediente vuelve al Congreso, instancia que puede aceptar el veto o rechazarlo.
Esta ampliación fue sancionada por el Senado el 13 de agosto último en una cuestionada sesión que aprobó a tambor batiente ampliaciones y creaciones de cargos de todo tipo.
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Ese día fue sancionada la ampliación presupuestaria para la Patrulla Caminera y para aumentos salariales de 17 cargos de jueces y secretarios por la suma de G. 779.477.576.
Con esta ley, funcionarios iban a pasar a tener una “equiparación salarial” que va de G. 2.500.000 a G. 5.000.000 y de G. 5.500.000 a G. 9.000.000. El aumento del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas-Patrulla Caminera correspondería a un plazo de seis meses.
Senadores opositores cuestionaron que se amplíe el presupuesto de la institución sin tener en cuenta la Ley de Responsabilidad Fiscal. Este pedido iba a beneficiar a funcionarios de los Juzgados de Faltas y Contravenciones de la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera.
Se ignoró al Ministerio de Economía y la Ley de Responsabilidad Fiscal
En su veto total, el Ejecutivo sostuvo que el proyecto de ley en cuestión “no fue canalizado propiamente a través del Ministerio de Economía, por lo que carece de los análisis que avalen la posibilidad de contar con ingresos adicionales que permitan al Tesoro Nacional asignar los recursos”.
“Resulta imperativo considerar que para cualquier incremento de gastos se debe contemplar la real capacidad de financiamiento de la Tesorería Nacional”, agregó el veto.