Entre sus novedades está la posibilidad de que los objetores opten por pagar una contribución de cinco jornales mínimos (G. 538.135) en lugar de realizar el servicio sustitutivo.
Según los proyectistas, se tiene como objetivo principal reconocer la objeción de conciencia como un derecho humano fundamental, vinculado a la libertad de expresión, conciencia y religión.
Además, busca simplificar los procesos administrativos actuales, se destaca también que se otorgará al defensor del Pueblo la facultad de resolver la viabilidad de las declaraciones de objeción de conciencia, eliminando la necesidad de aprobación por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia.
Otro punto que se plantea es la de eliminar el plazo para la presentación de la declaración de objeción de conciencia, argumentando que este derecho debe ser accesible en cualquier momento. También se propone incluir a representantes de organizaciones de la sociedad civil como miembros activos del Consejo Nacional.
Los proyectistas aseguran que los cambios son necesarios para “enmendar situaciones discriminatorias”.
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