El estudio jurídico Colab Abogados EAS (Empresa por Acciones Simplificadas) fue una de las entidades que recibió pedidos de informes de parte de la comisión “garrote” del Congreso que está integrada mayormente por legisladores cartistas. Los voceros Jorge Ignacio Gross Brown y Mauricio Salgueiro enviaron una respuesta a dicha solicitud, pero aclarandole a la bicameral que existen falencias en el petitorio de rendición de cuentas sobre fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que accedieron.
“Nos es excesivamente extraña la petición recibida. Colab Abogados EAS no solamente es una entidad privada con fines de lucro y personalidad jurídica de carácter privado si no también es un estudio jurídico de profesionales del derecho (abogados del foro)”, comienza manifestando el comunicado.
Calificaron de escueta a la nota recibida y que ofende no solamente por su simpleza y falta de sustanciación sino también porque irrita los cimientos republicanos del estado de derecho pidiendo información de carácter privado a una empresa privada dentro del marco de una supuesta investigación de actos ilícitos y de lavado de dinero.
“Abrazando conductas jacobinas, inspirándose en el mismo Torquemada, circularon notas a diferentes organizaciones pidiendo rendiciones de cuenta bajo una denominación rimbombante pero peculiar. En el sentido que no nos podemos imaginar cómo un proyecto para fortalecer el estado de derecho y combatir la corrupción financiado con fondos del gobierno de Estados Unidos de América puede estar relacionado con una Comisión Bicameral de “Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, Contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y Otros Delitos Conexos”, expresaron.
Recordaron a otras Comisiones Bicamerales de Investigación que estaban integradas por personas de carácter profundo como el senador Carlos Romero Pereira, quienes se tomaban el tiempo de realizar un análisis jurídico exhaustivo sobre la legalidad de la constitución de una comisión, cuidando el detalle de no extralimitar el ejercicio de su poder.
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Refieren que comisión “garrote” actúa con ligereza
Señalaron que existe una cantidad de pedidos de información que la comisión está realizando a otras entidades (llegando a 34) lo que consideran que demuestra la ligereza con la que se realiza el pedido de información.
“Un pedido de información debe en cualquier caso estar debidamente sustanciado, y cada argumento debe estar respaldado por la norma correspondiente. No debemos doblegarnos ante un pedido inconstitucional como el recibido. Atenta contra la democracia, los principios y garantías constitucionales fundamentales y socava al estado de derecho”, expresaron en la nota.
Agregaron que el Gobierno está para servir a sus ciudadanos, no para investigarlos. Además, indicaron que los congresistas fueron electos por el pueblo, no para que ejerzan indebidamente su poder, sino para que lo ejerzan responsablemente dentro del marco de la legalidad.
“La legitimación dada por el pueblo puede ser revocada a medida que los legisladores electos se vuelvan menos representativos. Aun cuando estos hayan sido electos (vaya uno saber a través de qué forma, vías, peripecias o “estrategia” electoral) el ciudadano no tiene por qué someterse a sus caprichos. Acá hay solamente una dictadura, la dictadura de la ley. La ley debe ser cumplida. El servidor público tiene una responsabilidad moral elevada de abstenerse de usurpar funciones que no le corresponden y de abusar de su poder. Lamentablemente vemos que esa brújula moral no tiene norte”, resaltaron.
Argumentos jurídicos para negarse a entregar informes
Los miembros de Colab Abogados indicaron que la extralimitación de funciones o el abuso de poder que lo acompaña no solamente está mal visto éticamente, sino que se encuentra específicamente penado por el Código Penal.
En el presente caso, las normas jurídicas invocadas por la Comisión Bicameral son el artículo 195 de la Constitución Nacional y la Ley Numero 137/1993 que regula las Comisiones Bicamerales del Congreso.
“Como lo mencionamos anteriormente, la normativa no debe ser leída superficialmente, ni ser interpretada rápidamente por el implementador de la norma ya que ésta tiene una especial peligrosidad: le otorga a un órgano legislativo una función atípica que es la inquisitiva; otorgándole el poder de iniciar investigaciones ad hoc; atribución reservada constitucionalmente para el Poder Judicial y el Ministerio Publico”, subrayaron.
Manifestaron que la CBI no puede acudir a una interpretación amplia del concepto. Una interpretación amplia del concepto de “interés público” colisiona y viola principios y garantías constitucionales, como el derecho a la libertad (artículo 9 – “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe”), el derecho a la intimidad (artículo 33 – “La intimidad personal…son inviolables”) y el derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental de las personas privadas (artículo 36 – “El patrimonio documental de las personas es inviolable…No podrán ser examinados, sino por orden judicial para casos específicamente previstos en la ley”).
Como un ejemplo detallaron que la autoridad de tributación, investida legalmente de poder inquisitivo, no puede requerir cualquier información de carácter privado a los contribuyentes sin que exista un proceso administrativo previo. O el caso del secreto bancario, donde deben darse ciertos supuestos previos para que una entidad financiera esté obligada a proveer datos sensibles de sus clientes a las autoridades solicitantes.
“Gracias a Dios existe el estado de derecho, con el objetivo de frenar los abusos de poder y de autoridad. Somos escépticos de los vientos libertarios, pero en cuestiones como estas solamente deseo un gobierno más chico, menos presente y más en función de servicio a sus usuarios finales, los ciudadanos”, consideraron.
Colab Abogados se postuló a un proyecto, afirman
Los voceros remarcaron que su organización no tiene afiliaciones partidarias ni preferencias políticas. Son un estudio jurídico que enfatiza lo técnico, creyentes en el estado de derecho y dispuestos a fortalecerlo.
Aseguraron que se habían postulado al proyecto de fortalecimiento de derecho de USAID. “Nuestro proyecto, que ya ha culminado, consistía en proponer a la Corte Suprema de Justicia soluciones eficaces e innovadoras a través del uso de herramientas tecnológicas para acelerar procesos que generalmente tienen retrasos. Principalmente motivados en que Justicia dilatada no es Justicia. Los fondos recibidos bajo el Proyecto de USAID no fueron destinados a ningún funcionario público ni fue utilizado por ninguna institución pública. Las soluciones propuestas no tienen carácter obligatorio para la Corte Suprema de Justicia, sino son simplemente recomendaciones basadas en diagnósticos cuantitativos y cualitativos. La CSJ puede optar por utilizar lo que desarrollamos o no”, aclararon.
Enfatizaron que se rehúsan a cometer un delito por instigación de los miembros de la Comisión Bicameral.
“Como abogados, existe un principio sagrado de custodiar la información de nuestros clientes. Más aún, tenemos absolutamente prohibidos por el Código Penal y el Código Procesal Penal revelar dicha información. Es por este motivo que ni aunque quisiéramos (que aclaramos no lo queremos) podríamos nosotros revelar esa información. El pedido no se encuentra sustanciado ni argumentado. No se entiende en qué carácter nos piden la información. Citan erróneamente ciertos convenios de asistencia y hablan de donación de fondos”, insistieron.
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Aclaración sobre fondos del USAID
Esta empresa aclaró que había prestado un servicio y facturado por los servicios proveídos en cumplimiento fiel de la norma tributaria. Sugirieron a que accedan a esa información a través de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en su caso o a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), pues todos los fondos recibidos del Gobierno de Estados Unidos de América ingresaron lícitamente por el sistema financiero bancario.
“Nos sorprende la ignorancia supina de pedir una `rendición de cuentas` por una Comisión Bicameral que no tiene legitimación para solicitarlo. Recordamos a los ilustres abogados de la Comisión - y a sus inspirados asesores - que la obligación de rendir cuentas se da solamente en aquellas relaciones jurídicas normadas que exigen al que administra fondos que rinda cuentas de quien recibe esos fondos, como es el caso de un accionista de una sociedad anónima al administrador (directorio en su caso), el mandante al mandatario y otras así”, afirmaron.
“Nos preguntamos: ¿Por qué diablos, como persona privada, deberíamos rendirles cuenta a Ustedes? Nosotros rendimos cuentas en el marco del contrato con la USAID a la entidad que nos contrato: USAID. Hasta ahí el límite de nuestra obligación de rendir cuentas. Salvo que me demuestren donde se encuentra legislada mi obligación de rendirles cuenta a Ustedes, yo no tengo por qué realizarlo. Y por favor, no tomen el camino fácil de citar el art. 197 de la CN y la Ley 137/1993 para argumentar el derecho de pedir información. Eso hasta un alumno de primer curso de Derecho puede hacerlo. Tómense el tiempo de pensarlo, sustanciarlo y argumentarlo”, expresaron con firmeza a la CBI.
Otras argumentaciones para denegar reportar a la comisión “garrote”
Destacaron que se niegan rotundamente a proveer información alguna de carácter privado y protegido por el secreto profesional.
“Si les recuerdo que, al ser el origen de los fondos provenientes del Gobierno de Estados Unidos, la información requerida puede ser encontrada en algún portal de información de acceso público en Estados Unidos de América. Pero no realizaremos ese trabajo de investigación por Ustedes”, recalcaron.
Enviaron esta postura a varias entidades, entre ellas la Corte Suprema y la Embajada de EE.UU.
El estudio jurídico confirmó que informaron de esta situación al Colegio de Abogados para que tomen nota del ataque a la institución sagrada del secreto profesional del abogado, a la Corte Suprema de Justicia para que tome nota del pedido y actúe en consecuencia, a la Embajada de Estados Unidos de América, por cortesía de que estén enterados de estos pedidos.
Se reservan el derecho de denunciar a legisladores de la comisión “garrote”
“Nos reservamos el derecho de denunciar penalmente a los integrantes de la Comisión Bicameral por instigación a cometer delitos (revelación de carácter profesional artículo 147 del Código Penal y concordantes), posible atentado contra el orden constitucional (artículo 273 del Código Penal) por el hecho de atribuirse funciones inquisitivas de otros órganos del Estado quebrando el balance constitucional y otros que podrían ser aplicables.
También se reservaron el derecho de solicitar la inconstitucionalidad de la Ley 137/1993 que fue claramente elaborada con otro propósito que el que actualmente intenta utilizar esta comisión, indicaron.
“Finalmente, con el ulterior objetivo de salvaguardar nuestro estado de derecho y democracia, solicitamos que renuncien a sus bancas legislativas porque es una tremenda pena que gente no cualificada esté sentándose en tan prestigioso lugar. La ignorancia mezclada con poder es la fórmula perfecta para dinamitar las instituciones republicanas sobre las cuales está fundada nuestra democracia. Si le agregamos a esta fórmula astucia, prepotencia, populismo y teorías de conspiración, entonces estamos comenzando el camino sinuoso hacia una autocracia. Ahí si pondré mi pecho para defenderla, por el bien de mis dos queridos hijos Juan Ignacio y Rafael, que no se merecen heredar un país destruido”, finalizó la extensa posición de Colab Abogados.