El fiscal Jorge Escobar había imputado al jefe comunal por los hechos punibles de homicidio culposo e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre, argumentando que el puente por el cual circulaba el vehículo no contaba con las barandas de protección necesarias.
El hecho terminó con la muerte de Sara Benítez(48) y su hija Nilda Luján Barrios(19), quienes fueron arrastradas por la corriente mientras circulaban por la avenida Mariscal López, cerca del Club Balderrama.
Argumentos de la defensa
La defensa de Echeverría, encabezada por los abogados Celso Castillo y José Valenzuela, sostiene que el fiscal no ha actuado de manera objetiva. Entre los principales argumentos presentados, señalaron que el conductor del vehículo, Braihan Ariel Gómez Román, agente del Grupo Lince, también debía haber sido procesado por homicidio culposo, ya que no contaba con licencia de conducir. Sin embargo, fue imputado por exposición al peligro, lo que la defensa considera una falta de equilibrio en las imputaciones.
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Los abogados también presentaron informe técnico accidentológico, donde se sugiere la responsabilidad del conductor en el accidente, al no contar con las habilitaciones necesarias para manejar.
La recusación presentada ha pasado a manos del fiscal adjunto de Central Édgar Moreno, quien deberá decidir si la solicitud contra el fiscal Escobar procede o no. Mientras tanto, la fiscala provisoria Sandra Ledesma asumirá la investigación de forma interina.
Este nuevo giro en el caso se produce a poco más de un mes de la acusación prevista para el 29 de octubre, donde se presentarán las conclusiones de las pericias encargadas por el Ministerio Público.
El estado de las infraestructuras
La investigación del Ministerio Público ha revelado que la infraestructura del lugar donde ocurrió el accidente estaba en condiciones deplorables. Las pericias realizadas indican que la zona presentaba barandas metálicas corroídas y sin mantenimiento adecuado, y que las bocas de tormenta estaban obstruidas con basura, lo que agravó el riesgo durante la tormenta.
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A pesar de los señalamientos de las pericias, la Municipalidad de Luque defendió sus acciones, argumentando que se realizaron trabajos de limpieza en los arroyos de la ciudad.
La Municipalidad de Luque realizó licitaciones en 2019 y el periodo de 2021/2022 por un valor de G 1.200 millones para el alquiler de maquinaria destinada a la limpieza de cauces hídricos.