El proyecto planteaba originalmente reducir los plazos procesales de cuatro a tres años, en casos de acción penal pública y a uno y medio para los de acción penal privada, lo cual fue uno de los puntos más cuestionados por magistrados y fiscales durante las audiencias públicas, debido a que podía permitir el blanqueo de casos complejos (crimen organizado, delitos económicos y abuso de menores, entre otros). Inclusive, la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay sentó postura contraria al proyecto cartista.
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Tras la lluvia de críticas, el proyectista “reculó” y permitió incluir algunas modificaciones al documento, que finalmente será tratado en plenaria el miércoles.
También se cuestionó plantear solo 30 días de plazo para que la Fiscalía impute o desestime causas, que según adelantó Rodríguez estaría dispuesto a elevar hasta 60 días, tiempo que algunos legisladores insisten es demasiado corto.
Finalmente, lo que realmente mantiene este proyecto es fijar plazos estrictos para que los jueces resuelvan los incidentes procesales (chicanas).
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La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, por un lado, aconsejó su aprobación con modificación y, por otro, pide el rechazo de la iniciativa. En tanto, se espera el dictamen de las comisiones de Legislación y Codificación y de Justicia, Trabajo y Previsión Social a donde fue girado el documento.