El diputado colorado cartista Jatar Fernández Safuán, uno de los tránsfugas que dejó Cruzada Nacional y que está envuelto cada vez en más escándalos y acumula presuntas causales de pérdida de investidura, sigue “haciendo oso” a la Fiscalía, la Justicia y a la autoridad impositiva.
Utilizando la estrategia deportiva de que la mejor defensa es el ataque, presentó ayer una denuncia penal por hechos “a determinar” contra Serafín Mysko, con quien tiene una disputa por la propiedad en Ayolas donde instaló su Guarida del General.
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El diputado “Oso” Fernández continúa hasta ahora campantemente en su banca, pese a la graves denuncias en su contra, empezando por las de su exencargado de despacho en Diputados, Hugo Rolón, que con sueldo del Estado denunció haber sido obligado a realizar labores particulares, lo que según la jurisprudencia sentada por los exlegisladores colorados, como José María Ibáñez, Tomás Fidelino Rivas y Víctor Bogado, constituye un uso indebido de influencias y, por ende, causal de pérdida de investidura.
Pese a estos antecedentes, ni sus colegas en la Cámara Baja ni la Fiscalía han siquiera amagado tomar acciones contra Fernández.
“Oso” Fernández, fuera de la mira de la DNIT
También pasa desapercibido para la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), ya que debía ingresar como contribuyente al régimen de Impuesto a la Renta Personal (IRP) desde el 1 de julio de 2023, sin embargo, no hay registro de que haya cumplido su obligación, cuyos vencimientos comienzan a regir en marzo de este año.
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Jatar, en una intervención en la plenaria de Diputados, el 14 de agosto pasado, había manifestado que “el pueblo no quiere trabajar, presidente (refiriéndose a Raúl Latorre). El pueblo se conecta (ilegalmente) a la ANDE, el pueblo no paga sus impuestos”, reclamó.
A todo esto, se suma otro frente, que es la disputa por un predio ubicado en Ayolas, frente al río Paraná, donde “Oso” Fernández instaló su quinta denominada: La Guarida del General (en directa alusión y admiración al dictador Alfredo Stroessner), donde hizo millonarias inversiones, pese a, supuestamente, ser alquilado.
El poblador ayolense Serafín Mysko, que habita hace más de 24 años en el sitio y que tiene iniciados trámites de titulación por usucapión del terreno, está en una disputa con el legislador, que ingresó en febrero de este año al predio.
Jatar y su “contrato de alquiler”
Jatar alega poseer un contrato privado de alquiler por cinco años, a cambio de G. 30 millones anuales, firmado con el representante de la firma Agrofinanciera Chaco (cerrada en 2011 y absorbida por Financiera Río), de Jaime Rafael Peña Espínola.
Lo llamativo es que, contrario a lo que dice el contrato, se promovió un cambio registral de la propiedad a nombre de otra de las empresas de Peña: Hadar Centauri SA.
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Junto a una turba de hombres encapuchados, rápidamente edificó “La Guarida”, ante la inacción de la Fiscalía y la Policía, y pese a varias medidas cautelares de la jueza Nancy Larré, que pedía cesar las obras.
Ayer a la mañana, Fernández presentó una denuncia penal por “hechos a determinar” contra Serafín Mysko, lo cual, según el abogado de la familia, Ramón Ibarra, es un “garrote” y carece de fundamentos. “Buscan asfixiarle a alguien que le está demandando, entonces ellos usan la Fiscalía como garrote”, dijo.