“Se va a debatir, es un reprogramación, ya estaba presupuestado. Yo alertaba el año pasado que se presupuesto G. 5.000 millones para la caja jubilatoria, no me extraña que esté quebrando. Estamos pagando todos por la mala administración de la caja”, dijo el senador Basilio Núñez.
Con respecto de una auditoría que propuso el senador Eduardo Nakayama (Liberal-independiente), Núñez indicó que está de acuerdo, que se debe transparentar la gestión, aunque aclaró que es una caja privada, con aporte de cada legislador.
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Hace cinco años, el Congreso Nacional derogó el artículo 7° de la Ley 6112 “Del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”, que establecía un subsidio mensual estatal del 7%, un poco más de G. 3.000 millones anuales, que el Estado, como empleador, destinaba a la Caja Parlamentaria para salvarla de un colapso.
Este año, los legisladores, de forma silenciosa, volvieron a restituir el cuestionado subsidio mensual estatal del 7% para destinar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo y presupuestaron en el PGN 2024 del Congreso Nacional, en el rubro 134 aporte jubilatorio del empleador la suma de G. 3.500 millones, dinero que será financiado con dinero de todos los contribuyentes, no solo de los parlamentarios.
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La reprogramación de los fondos para el año que viene tendrá su impacto negativo para las arcas públicas. Esta maniobra presupuestaria fue presentada por el senador colorado independiente Arnaldo Samaniego y apoyada por el senador cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna, las senadoras expulsadas del PLRA y aliadas cartistas, Hermelinda Alvarenga y Noelia Cabrera, y el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis.