La Cámara de Diputados, dio media sanción a este proyecto de ley “Antipolladas” por unanimidad, ante datos elocuentes como el mencionado por uno de los proyectistas, diputado Hugo Meza (ANR, bancada B- Oficialista), que refirió que nuestro país tiene la tasa más alta en la región de fallecidos en accidentes de tránsito que son el motivo de 19 de cada 100 muertes y entre 1 y 4 amputados por día van a Senadis para pedir prótesis u otros insumos. “Ni en tiempo de guerra tuvimos tantos lisiados”, lamentó Meza, cuyos datos fueron apoyados por los diputados Diosnel Aguilera (PLRA, C) y Guillermo Rodríguez (Yo Creo), que sostuvieron que 7 de cada 10 camas de terapia intensiva en el Paraguay son ocupadas por accidentados en el tránsito.
“Es un tema sensible, en un momento que nuestro país vive una verdadera epidemia de accidentes de tránsito y siniestros viales y esto va a venir a dar un gesto de aliento y un gesto de también desde el Estado, una respuesta a una ciudadanía que hoy está a merced de las polladas, los asadito y las pancheadas”, afirmó el proyectista, diputado Hugo Meza (ANR, bancada B- Oficialista) sobre este “fondo solidario” para asistir a los accidentados en el tránsito.
El proyecto en concreto plantea crear un “fondo solidario”, es decir, que paguen todos para asistir a los que eventualmente resulten víctimas, para que sean asistidos médicamente a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), puntualmente en el centro de referencia (Hospital de Traumas), y otra parte de los fondos serán dirigidos a Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) y la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben)
En tal sentido, Meza destacó que “91.000 paraguayos reciben algún tipo de tratamiento de rehabilitación” a través de Diben y que hay un compromiso de esta institución de descentralizar sus servicios, que actualmente se focalizan principalmente en sus oficinas en la Capital del país.
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Cobro al momento de gestionar el registro de conducir
El proyecto de ley -que ahora pasa al Senado para su segundo trámite- establece cuatro mecanismos de financiación, uno de ellos, el cobro directo de un canon a conductores (tanto de automóviles como de motocicletas) al momento de renovar el registro de conducir.
“La primera fuente es un cobro de G. 10.000 en el momento de la renovación de las de los registros de conducir, que estamos aproximadamente hablando de aproximadamente 3.200.000 vehículos tanto motocicleta como automovilistas, una sola vez (al año). La segunda fuente más importante se refiere a lo que a la parte de multas. Esto estamos hablando con la gente de la justicia, la Fiscalía envió su texto con lo cual, todo lo que se refiere a las salidas alternativas para reparación del daño, pase a ser en efectivo. La tercera fuente se refiere a todo lo que la recaudación de impuestos a las motos importadas pasen a formar parte también de estos fondos para cubrir esta demanda tan importante estamos hablando de una expectativa casi G. 100.000 millones”, dijo Meza.
Hablan de reflotar el cuestionado SOAT
Varios legisladores, como ser el propio Meza o el diputado colorado oficialista Jatar Fernández hablaron la necesidad de a futuro reflotar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que sí implicará una erogación mayor para los conductores, motivo por el cual se dejó sin efecto la ley que imponía su implementación.
“Necesitamos un seguro obligatorio para todas las personas que tengan una moto o un auto, y lastimosamente el que no pueda pagar ese servicio, no va a tener que circular”, dijo el diputado Jatar Fernández (ANR, cartista).
Meza dijo que “hay que apuntar al seguro obligatorio, pero para eso hay que construir consenso”. Sugirió la posibilidad de corregir aspectos que motivaron el fracaso de la ley del SOAT, derogada en 2014.
Piden tener en cuenta también problema de fondo
Varios legisladores también remarcaron que este proyecto será apenas una “curita” si es que no se atacan también otros problemas de fondo, como es la falta de educación vial, la corrupción en la expedición de registro de conducir y sobre todo, la carencia de un decente sistema de transporte público.
El que hizo especial énfasis en la problemática del transporte público fue el diputado Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional), que remarcó que muchas personas se ven obligadas a comprar automóviles o motocicletas porque no tienen otra alternativa para movilizarse para trabajar o estudiar, puesto que no tiene buses decentes y a todo tiempo.
El diputado Daniel Centurión (ANR, Fuerza Republicana) también mencionó la obligación del gobierno de dar alternativas para el transporte, pero también citó otras problemáticas, como es la corrupción, tanto a través de las coimas a agentes de la Patrulla Caminara para evadir las infracciones en el tránsito, como en la municipalidades para acceder a registros de conducir sin cumplir con los requisitos..
“Existe corrupción en los municipios, en la emisión de los registros. Los muchachos reciben registros (de conducir vía delivery”, acusó Centurión y planteó eliminar el Viceministerio de Transporte, ya que dicho órgano actúa de “abogado y de padrino de los empresarios del transporte”