La diputada Rocío Vallejo (Patria Querida) advirtió que el proyecto de ley sobre reducción de plazos procesales impulsado por el diputado cartista Derlis Rodríguez podría traer más problemas que soluciones.
Recordó que la modificación planteada dice que si una denuncia ingresó y no fue resuelta en el plazo de 90 días, el Ministerio Público debe desestimar la causa.
En este sentido, ejemplificó que la causa que busca identificar al autor moral del crimen del fiscal Marcelo Pecci podría quedar desestimada si se aprueba la propuesta legislativa, pues ya pasaron más de 90 días desde que ingresó la denuncia al Ministerio Público.
Sobre el punto, la legisladora advirtió una vez más que las modificaciones podrían generar un blanqueo masivo de causas que realmente requieren de justicia, tanto para el justiciable como para la víctima de cualquier tipo de daño.
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“Mucha gente saldrá libre de culpa”
“Con todo respeto a las buenas intenciones de colega, si este proyecto llega a ser aprobado, mucha gente saldrá libre de culpa y pena no será juzgada”, expresó la diputada.
Dijo no desconocer que tenemos “problemas muy graves” con el tema de los procesos judiciales, pero la solución no es apresurarse y acortar plazos, sino sentarse a analizar el problema, buscando una solución real.
Enfatizó que esta solución debe partir de la cabeza de las instituciones, desde la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General.
Ejemplificó además que si el proyecto se transforma en ley, el caso Rodrigo Quintana, que acaba de llegar a juicio oral y público después de 7 años, quedaría impune porque pasaron 4 años, de acuerdo a la nueva propuesta.
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La “trampa” detectada
El diputado cartista impulsor del proyecto accedió a dejar en cuatro años el plazo de duración máxima de los procesos (en el proyecto original se planteaba reducirlo a tres). No obstante, para Rocío Vallejo, “la trampa” está en que los incidentes que se planteen van a detener el plazo solo durante el tiempo establecido por la ley.
El proyecto de ley impulsado por el diputado Derlis Rodríguez (ANR, HC) es muy cuestionado por gremios de magistrados judiciales, fiscales y abogados particulares, pues plantea un peligro de “blanqueo masivo” de un enorme número de casos que, por problemas de falta de recursos u otros, superaron el plazo de 90 días.