Por falta de quórum, la mayoría cartista en el Senado dejó ayer sin tratamiento el cuestionado proyecto de ley -ya tiene media sanción- que crea una comisión conjunta de investigación “antilavado”.
El nombre oficial del expediente es: Crear una comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos. Fue presentado por el diputado Rodrigo Gamarra (ANR, HC).
Sin embargo, tanto opositores como disidentes vienen advirtiendo que el único objetivo sería perseguir enemigos políticos de Horacio Cartes (HC) y aplicar una vendetta por el informe de la Comisión Bicameral de Investigación del Caso Messer y sus vínculos con el citado expresidente del país, actual jefe del Partido Colorado.
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En dicho contexto, Cartes había sido sancionado por el gobierno de EE.UU. y designado como “significativamente corrupto”. Además se lo vinculó con grupos terroristas como Hezbolá.
Garrote a las ONG, dice Bachi Núñez
Al término de la sesión extraordinaria, el titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), dijo que el proyecto se tratará en la próxima sesión, el miércoles.
Al ser consultado si se trataba de un plan “garrote” contra los enemigos del oficialismo, dijo que efectivamente será un “garrote” pero contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Indicó que un informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) señala que estas entidades lavan dinero de grupos criminales en Paraguay.
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El extitular del Senado, Silvio Ovelar (ANR, HC), restó importancia al proyecto al señalar que muchas veces los diputados menos productivos y que menos intervienen, buscan hacerse notar creando comisiones para tareas ya atendidas por otros organismos. Por su parte, Rafael Filizzola (PDP), refirió que el proyecto es inconstitucional ya que especifica su objetivo con un acápite muy general, violando normas vigentes y la Carta Magna.
Manifestó que el plan de ley fue tan mal redactado que no contaba con el requisito exigido de exposición de motivos que fundamentan la creación de la comisión conjunta.
Entre los principales “redactores” del proyecto se encuentran también los diputados Yamil Esgaib, Rocío Abed de Zacarías y Johana Vega, entre otros.