La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado paraguayo violó los derechos de libertad de pensamiento y expresión del director del diario ABC, Aldo Zuccolillo, cuando, en 2005, lo condenó a pagar G. 754.002.000 al entonces senador colorado Juan Carlos “Calé” Galaverna, quien interpuso una querella por sentirse “agraviado” ante publicaciones del medio.
“Una de las patas más nefastas de Galaverna y sus secuaces era la presión a jueces y fiscales. Este fallo nos da esperanza para seguir resistiendo”, mencionó esta mañana la exsenadora Kattya González (PEN). Reveló que supo de la influencia de “Calé” en el sistema judicial cuando se desempeñaba como abogada profesional.
Calificó también al ex legislador colorado de una figura que “siempre ha caído parado, tiene una capacidad de articulación, de mimetizarse y olfatear cuál es el grupo político que le conviene. No tiene problemas en ser cartista, anticartista o marista; funcionó así”.
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ABC fue objeto de “persecución” de fiscales y jueces
González afirmó que el diario ABC fue “objeto de una persecución violenta por parte de jueces y fiscales que condenaron a través de una figura sumamente cuestionada en el derecho internacional”.
La CIDH, en su fallo, recomendó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictaminar con respecto al caso Galaverna-ABC y recomendar al Estado paraguayo dejar sin efecto la sanción en homenaje a la memoria del condenado, un desagravio público, una compensación económica y de satisfacción a su familia. Además, instó a que se despenalicen los delitos de difamación, injurias y calumnias en casos en que el ofendido sea funcionario o persona pública o particular involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.
“No puede estar la mordaza y el garrote de un proceso penal encima de un periodista que haga una crítica a un servidor público, eso solo pasa en países bananeros como el nuestro y deja desprotegidos a la prensa libre e independiente de las críticas que puedan hacer. Eso pasó en el caso Galaverna”, agregó.
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Agregó que la recomendación de la CIDH debe ser atendida por el Poder Judicial y materializarse en una iniciativa legislativa que impulse la despenalización y, de ese modo, pueda liberarse para dar seguimiento a los casos importantes que tienen relación con el narcotráfico, crimen organizado y legisladores vinculados a la corrupción.
Acción de inconstitucionalidad ante expulsión
En relación a la acción de inconstitucionalidad que promovió contra su expulsión, la exsenadora pidió a los miembros de la Corte “coraje cívico y humildad republicana”.
“Los integrantes de la Corte tienen que saber dar lectura a este momento enrarecido que estamos viviendo, con un copamiento institucional y falta de respeto a la seguridad jurídica, el Estado de derecho y esos condimentos que deben fortalecer la democracia constitucional”, expresó.
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Cuestionó que exista “un silencio inadmisible” desde la Corte ante el contexto país, principalmente en el estudio de su caso.
González, igualmente, dijo que así como tampoco confía, no desconfía de la Corte, pese a que denunció una dilación con respecto a una resolución sobre su expulsión del Senado.