El legislador, que está imputado con base en una denuncia del expresidente Horacio Cartes, en una causa con serios indicios de manipulación política, en la que se filtraron supuestas conversaciones entre el abogado de HC, Pedro Ovelar, sobre supuestas órdenes al fiscal de la causa Aldo Cantero, destacó el valor de este fallo en esta etapa “oscurantista”.
Lea más: CIDH en caso Zuccolillo: lo que más preocupa es el desinterés y que avance atropello, afirma Ortega
Otro aspecto que consideró relevante es que el fallo “ratifica la obligación de que las personas que ocupen cargos públicos estén sometidas sin ningún tipo de censura previa que genera la sanción penal por difamación, calumnia e injuria cuando hay cuestiones de interés público o ejercicio de funciones públicas”.
Ante esto, destacó que Paraguay es uno de los pocos que aún permite castigo penal para estos delitos, lo cual organismos internacionales califican de excesivo en casos de interés público.
“Estoy analizando la posibilidad de cumplir con los estándares internacionales y los criterios de la Comisión y la Corte Interamericana en el sentido de que la recomendación principal es la despenalización de la difamación, calumnia e injuria en estos casos (de interés público)”, dijo, pidiendo el apoyo del oficialismo, “que no se caracteriza por su coherencia”, lamentó.