En la audiencia pública realizada hoy en el Congreso Nacional, se conformó una mesa de trabajo en la que analizaron el proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro (ONG)”.
Del evento participaron varios parlamentarios, así como representantes de organizaciones no gubernamentales, quienes se ven afectados por esta iniciativa, según coincidieron en señalar.
Durante la reunión, abogados constitucionalistas expusieron sobre la posible inconstitucionalidad de esta normativa.
El legislador Mauricio Espínola indicó que con la aprobación de este proyecto, podría darse una excesiva intromisión del Estado en las actividades del sector privado. “Esto presenta una excesiva burocracia. Hay líneas que otorgan al Estado un poder sancionador muy discrecional y, sobre todo, bastante arbitrario; además de una excesiva intromisión en la esfera privada”, expresó.
Ley sería un apriete a ONG
El diputado Luís Federico Franco (PLRA-Central), consideró que esta propuesta busca hacer de “apriete” para las organizaciones de la sociedad civil.
El diputado Raúl Benítez, en otro momento, puso énfasis en la importancia de que las personas comprendan el verdadero impacto que esto podría tener, en el caso de que el proyecto de ley, finalmente, sea sancionado por el Congreso Nacional.
“El día de hoy se encuentran presentes personas que trabajan con campesinos, indígenas, estudiantes y chicos en situación de vulnerabilidad. Ellos representan a varias organizaciones que, incluso, suelen colaborar con el trabajo de fondo para la creación de una ley. Tenemos que escucharlos”, afirmó.
Varios legisladores, entre los que se encuentran Johanna Ortega (PPS-Capital); Rocío Vallejo (PPQ-Capital); Adrián Vaesken (PLRA-Central); y Roberto González (ANR-Cordillera), se pusieron a disposición de los representantes de las organizaciones civiles, para poder trabajar en una nueva propuesta que beneficie a todos los sectores.
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Ley busca regular acción de ONG
El proyecto de ley, según su exposición de motivos, busca regir y regular el accionar de organizaciones sin fines de lucro que reciben o administren fondos públicos o privados; y que, de alguna manera, guarden relación con sectores, prestaciones o ámbitos de competencia del Estado. La iniciativa surgió en el Senado, donde ya cuenta con media sanción.
Para el diputado Espínola, organizador de la mesa de trabajo, la actividad es solo el inicio de una serie de encuentros para un profundo análisis y debate del documento, sus intenciones y la realidad que involucra a las organizaciones sin fines de lucro.
Sostuvo que el diálogo debe ser una práctica constante en ambas cámaras del Congreso Nacional y que esa será la línea a seguir en torno al tema en cuestión.
“El DENIDE cumple este año 58 años de vida institucional y como se mantiene, se mantiene gracias al apoyo del Estado de un 33% de sus ingresos, 7% corresponde a las matrículas y cuotas de los alumnos”, dijo por su parte Marité Rasmussen, presidenta del Consejo de DENIDE.
Ley vulnera situación de usuarios de ONG
Rasmussen dijo que ojalá los impulsores de la ley dimensionen de esta manera en que situación de vulnerabilidad se encuentran los usuarios de los servicios de la ONG, porque realmente cumplen una función del Estado.
“El resto son todos aportes privados. Si nosotros exigimos, como un momento salió lo de la SEPRELAD y después gracias a Dios se consiguió una segmentación adecuada, de hacer una manifestación de bienes, de que aporte al año, de a lo mejor un millón de guaraníes, evidentemente nosotros estaríamos desapareciendo”, lamentó.
Agregó que gracias al apoyo de la ciudadanía y por supuesto, a un apoyo del Estado de aproximadamente 33% de aporte, logran brindar los servicios.
“Rendimos cuentas a millones de instituciones, ojalá y Dios quiera que exista un sistema unificado, que no nos exijan hacer la misma rendición de cuentas al MEF, a la contraloría, al parlamento, alzando en diferentes plataformas todas las facturas. Nosotros no vamos a tener condiciones como organización de solventar los gastos para poder hacer ese tipo de trabajo”, finalizó.
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Ley oculta futura reglamentación a ONG, denuncia abogada
Por su parte, la abogada especialista en derechos humanos, Alejandra Peralta de Merlo, dijo que la ley oculta en sus intenciones la futura reglamentación, ya que se remitiría sin conocerla, lo que dejaría al arbitrio de quienes estén en el gobierno de turno.
“Existe una regla fundamental en materia de derechos humanos, que para restringir un derecho fundamental, se necesita la más absoluta claridad de conceptos. Si ustedes se fijan en este proyecto de ley, van a ver que este se remite a una futura reglamentación, es decir, cuestiones que ninguno de nosotros conocemos que se pueda reglamentar en el futuro sobre esto”, indicó.
Dijo que además, la ley deja un plazo de 60 días para que las organizaciones sin fines de lucro se inscriban en un registro, que se crea por la ley; sin embargo, otro registro ya está creado por otra ley y que quien es el encargado de este registro es el Ministerio de Hacienda, hoy el Ministerio de Economía y Finanzas, que se crea por esta nueva ley, es decir, se están duplicando registros.