Tal y como se esperaba, tras el pedido de la Fiscalía, el juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia resolvió ayer desestimar las denuncias en contra de las “nepobabies” cartistas Montserrat Alliana Encina, hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y Yanina Montserrath Maidana Figueredo, hija del senador cartista Derlis Maidana. Ambas siguen campantes en el Congreso.
En ambos casos, las diligencia técnicas de la Fiscalía se limitaron principalmente a cotejar la asistencia a su lugar de trabajo, a fin de descartar figuras relacionadas al “planillerismo” (lesión de confianza y cobro indebido de honorarios).
Además de estos hechos punibles, ambas hijas de cartistas junto con otros presuntos “nepobabies” habían sido denunciadas por los presuntos delitos de administración en provecho propio, tráfico de influencias, por la abogada Teresa Flecha y también por miembros de la Coordinadora de Abogados del Paraguay.
No se pudo corroborar injerencia de Alliana, dice Fiscalía y Juzgado
Sobre presunto nepotismo, la Fiscalía y el Juzgado se limitaron a decir que no se pudo probar la injerencia de sus padres para las designaciones y que la legislación actual no permite castigar estos hechos.
“Los hechos denunciados a la luz de la opinión pública se basan principalmente en actos calificados como nepotismo en la función pública, el cual carece de sanción penal según el ordenamiento jurídico vigente”, señala el fallo judicial.
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En ese sentido, los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce y Francisco Cabrera consideraron que no se cumplieron los requisitos para la imputación en contra de estas dos hijas de políticos oficialistas, tomando como un hecho de que ambas fueron nombradas en “cargos de confianza” que no exigen concurso de méritos.
Con respecto al vínculo personal y de agremiación política entre Pedro Alliana y Raúl Latorre, fuera de lo indicado en la denuncia, no se cuentan con indicios objetivos que apunten la recepción de dinero, o cualquier otro beneficio o recompensa, elementos exigidos por el tipo legal”, indica el documento judicial, que no consideró como elemento a indagar, que la madrastra de Montserrat Alliana, Fabiana Souto de Alliana, es diputada actualmente.
El juez deja expreso que el Código Procesal Penal permite que ante elementos nuevos que hagan variar el parecer de la Fiscalía, podrá reabrir la investigación.
En el caso de Montserrat Alliana Encina, continúa cobrando G. 18.274.300 en carácter de “coordinadora de Liquidación de Personal Permanente” de Diputados, mientras que Yanina Maidana, con rango de “jefa de departamento” asignada a la oficina de su padre en el Senado, cobra G. 6.500.000.
La Fiscalía sí imputó por cobro indebido de honorarios a los diputados liberales Cleto Giménez y Roya Torres y a sus “nepobabies”.
Expedientes de Cleto y Roya están en comisión
El miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados Jorge Ávalos Mariño confirmó que desde el jueves pasado tiene en sus manos los expedientes de la imputación por presunto cobro indebido de honorarios contra los diputados liberales Cleto Marcelino Giménez y Roya Torres, quienes serán citados a dar su versión, aunque aún no se fijó fecha.
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Ávalos Mariño, que además es líder de la bancada liberal A, la cual integran ambos diputados procesados, sostuvo que aún no tienen el orden del día para la sesión de la comisión, pero ya con los expedientes en mano, lo acostumbrado es convocar a los afectados para hacer su descargo y posteriormente dictaminar.
Tampoco hay fecha para que se trate ante el pleno.
“Suele ser el procedimiento formal –no escrito– a partir de la recepción, el fijar fecha para convocarle a los colegas, escucharles. Así se hizo en todos los casos, algunos asistieron y otros no, pero se cumplió en escucharles (sic)”, sostuvo Ávalos Mariño.
Además de los casos de Roya Torres y Cleto Giménez, la Cámara Baja tiene pendiente de analizar en el pleno el pedido de desafuero contra los diputados Esteban Samaniego (ANR, cartista) y Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana).
“La única cuestión que hasta hoy en día tuvo un trato diferente (que tuvo dictamen negativo) fue el caso del colega Mauri Espínola, el resto de los casos han tenido dictamen favorable. Nosotros siempre hemos sido del criterio de que cuando se trata de un hecho punible que no hace a la función del legislador, corresponde someterse a la justicia”, recordó el diputado liberal.
El trato “diferenciado” al caso Espínola, que está imputado junto al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y otros exmiembros de su gobierno por supuesta “revelación de secretos en servicio”, es a consecuencia de la presunta contaminación político-partidaria del proceso judicial.
Esto debido a que el proceso fue abierto en base a denuncia del expresidente Horacio Cartes y, entremedio, se filtraron conversaciones entre el abogado de HC, Pedro Ovelar, con uno de los fiscales del caso, Aldo Cantero, en la que supuestamente “armaban” la causa.