El reconocido abogado Manuel Riera Escudero posteo en su cuenta de X, las críticas hacia el polémico proyecto que, según los afectados, pretende “amordazar” a las organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta intención legislativa del cartismo tuvo su media sanción en el Senado con 34 votos a favor y solo nueve en contra y pasó a Diputados.
Riera Escudero enfatizó que el proyecto de ley conocido como “anti ONG”, en realidad, es un avasallamiento del Estado a la libertad de las personas y es contrario al principio de libertad garantizado por la Constitución.
Agregó que la administración de recursos privados no debe tener más control que los que el ordenamiento jurídico nacional ya establece en el área tributaria, de lavado de dinero, financiera o ambiental, o de protección del consumidor.
A su criterio, “exigir más que esto, implica más Estado cargado sobre las espaldas del sector privado sin buenas razones, so pretexto de transparencia”, afirmó.
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Sostiene que ya existen formas de control y rendición de cuentas para las ONG
El abogado señaló que el sector privado que administre recursos públicos debe rendir cuentas de la manera que establezca el documento en virtud del cual los recibe, como siempre fue, y no de la manera que establece este proyecto. “Cada una de las instituciones definidas en el proyecto como organización sin fines de lucro tienen su régimen legal, según su objeto social y su naturaleza jurídica, y no necesitan más para actuar dentro de la ley”, resaltó.
Aseguró que la creación de más registros y exigencia de más recaudos solo aumenta el costo de administración y de gestión y plantea complejos conflictos de competencia y de confusión sobre la derogación implícita de leyes generales vigentes. “Esto hará colapsar a las instituciones afectadas, dada la amplitud de las organizaciones consideradas como OSFL”, puntualizó.
Proyecto cartista no se justifica, dice Riera Escudero
Posteo además que el proyecto exige información que no tiene justificación razonable, creando una suerte de banco de datos de personas, que -de hecho- están registradas en otros organismos como el Instituto de Previsión Social (IPS), Dirección del Trabajo, Registro de Profesionales del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y más, duplicando funciones y obligaciones.
Lamentó que se quiera someter a instituciones privadas al régimen de sumario administrativo e imponer sanciones exorbitantes y desproporcionadas por incumplimientos formales, “generando la industria de las multas, que ya funciona en otras instituciones del Estado”, manifestó.
“En definitiva, el proyecto es un intento más de limitar la libertad de las personas, sin mayores razones que la supuesta transparencia, para lo cual -repito- no es necesaria más leyes. La inflación legislativa es prueba del subdesarrollo”, finalizó en su molestia en redes.