María Victoria Rivas, representante del Centro de Estudios Judiciales, dijo que la denominada “ley mordaza” para las ONG tendrá un impacto político para el Paraguay como país, de ser aprobada en la Cámara de Diputados.
Aseguró que de aprobarse tal y como está con esta ley, Paraguay pasa a formar parte del bloque de países que limitan la libertad de asociación, y por ende, limitan la vigencia y protección en materia de derechos humanos.
Lea más: Por video que divulgó Lizarella, Feipar responde que tendrá más participación y organización
Agregó que de la exposición planteada ayer por los proyectistas quedó bastante claro que la intención es solamente impactar sobre un grupo reducido de organizaciones que son las que incomodan al oficialismo, sin medir el impacto económico y social que esta ley tendría sobre todo el país.
En ese sentido, señaló que los propios proyectistas expusieron ayer en la sesión cuáles son estas organizaciones a las que buscan atacar, citando a Semillas para la Democracia, Juntos por la Educación, el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y Alma Cívica, vinculada con Soledad Núñez.
ONG ya rinden cuentas y no existe “descontrol”, señaló
Rivas señaló además que, a diferencia de lo expuesto por los proyectistas ayer, la existencia de estas organizaciones es en sí un proceso jurídico muy complejo que además de una serie de requisitos previos, conlleva una serie de obligaciones.
“Tenemos todo el régimen tributario vigente, pagamos IVA, pagamos impuesto a la renta, tenemos que darle nuestro informe semestral a Seprelad, pagamos un canon anual de G. 400.000 para pueda utilizar todo su sistema de control, recepción de fondos, etc.”, dijo.
Lea más: Las ONG se pronuncian contra el proyecto de ley de control de organizaciones
“Tenemos la Abogacía del Tesoro donde todos los años tenemos que alzar las actas de las asambleas, los balances, tenemos que identificar a las autoridades de una organización, después tenemos las identificaciones precisas con relación a organizaciones que trabajan en temas específicos”, remarcó.
Agregó que, además, que aquellas organizaciones que reciben fondos estatales, ya están guiadas por los sistemas de control de la ley de administración financiera, y que deben rendir cuentas a la Contraloría, la Cámara de Diputados, el Ministerio de Economía y Finanzas.
Duplicarán los informes y aumentarán los costos de la burocracia
Rivas confirmó que con esta nueva ley solo duplicará los informes que ya presentan estas organizaciones y también los costos de la burocracia.
“No solo va a duplicar, sino que va a generar una burocracia y costos innecesarios. El proyecto impacta a más de 10.000 comisiones vecinales que están en todos los municipios, tenemos los consejos de salud locales, los bomberos voluntarios”, dijo.
Incluso serían afectadas las comisiones cooperadoras de padres de cada escuela y colegio público y privado del país.
Lea más: Control a las ONG: no descartan “pulir” proyecto en Diputados
Agregó que habrá todavía más complejidad para aquellas organizaciones mixtas, que reciben la mitad de sus fondos del estado y la otra mitad se maneja con fondos solidarios. y citó como ejemplos al Denide,Dequení, Teletón, Asoleu, Fundación Santa Lucía y Oca del Valle.
“Se va a generar un cuello de botella terrible, porque el Ministerio de Economía tiene que tener la capacidad, en el plazo que establece la ley, de inscribirle a más de 35.000 organizaciones que tienen que volver a registrarse para supuestamente formalizarse”, dijo y remarcó que la creación del registro de estas entidades supondrá más funcionarios en la estructura del Estado.