Según Martín Burt, la aprobación en la Cámara de Senadores del proyecto de ley que busca controlar a las ONG es “preocupante” por la falta de diálogo como también por la “desatención” al pedido del cardenal Adalberto Martínez de postergar su tratamiento.
“Es preocupante porque el Senado ayer no quiso establecer una mesa de diálogo y desatendió el pedido del cardenal. Se apeló a la tradicional aplanadora y eso evidentemente no le conviene al Paraguay; tampoco le conviene al Partido Colorado porque se crea una resistencia y no quisieron escuchar los argumentos que se esgrimieron”, indicó.
Apuntó también sus esperanzas hacia que en la Cámara de Diputados -donde se debatirá el proyecto- “ojalá prime la cordura” y refirió que los proponentes de la ley -todos cartistas- “no son los adalides de la transparencia en el Paraguay”.
“Todo el mundo quiere la transparencia, pero a los proponentes de la ley no les interesan el origen ni el destino de los fondos del presidente del Partido Colorado y nunca se preocuparon por la transparencia de los gastos sociales de Itaipú”, sentenció.
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Proyecto para controlar a ONG con redacción “torpe y ambigua”
En referencia a la presentación del proyecto de ley, Burt consideró que su redacción es “torpe y ambigua” ya que se crean dudas sobre las sociedades civiles en Paraguay, y reitera que “los grandes logros de la democracia paraguaya han venido por ideas de afuera”.
“Mencionaron a las organizaciones enemigas de ellos y acá lo que están queriendo no es solamente controlar las donaciones, ellos también están entrando entre tratos privados y quieren saber a quién se le contrató; se está violando el derecho de privados y se va a establecer un manto de miedo y cautela”, agregó.
Incluso apuntó que los miembros del oficialismo “se están comprando un nuevo problema” con este proyecto ya que estarían involucrando “revancha y persecución” con su propuesta, mientras que también extendió su pedido hacia la Cámara Baja para elaborar una mesa de diálogo con el fin de “explicar las incoherencias que hay”.
“No tenemos por qué informarle al Gobierno de qué hablamos o a quién contratamos porque ese es un tema privado; si quieren instalar un stronismo sin Stroessner no les va a ir bien. El lenguaje de la ley es tan amplio que ahí entran todos y lo que se sintió es un deseo de perseguir a las organizaciones que no piensan como ellos en lugar de dialogar o debatir. Las ideas no se pueden matar y uno puede estar en contra o a favor, ese es el juego democrático”, concluyó.
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