La Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto de ley que busca aplicar un control a las ONG, con el objetivo principal de que estas rindan cuentas al Estado.
El diputado colorado Édgar Olmedo afirmó que, a su criterio, las organizaciones que reciben dinero del Estado deben ser controladas.
En cuanto a agrupaciones que obtienen fondos de entes internacionales o privados, señaló que tiene que analizar si corresponde, aunque destacó que la “transparencia nunca va a estar de más”.
“La transparencia nunca va a estar de más. Yo, particularmente, no creo que haya inconvenientes, pero hay que ver la forma de pulir este proyecto y podemos hacer unas correcciones o mejoras en la Cámara de Diputados”, mencionó.
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Multas en ley de control a las ONG
Uno de los puntos que mencionó que requiere un análisis es el relacionado a aplicación de multas en caso de no cumplir con la rendición de cuentas.
“Tengo entendido que las multas no tienen un parámetro muy técnico, hablan de montos únicos. No podés aplicarle a una ONG que tiene un subsidio del Estado de G. 100 millones una multa 10 veces mayor a ese aporte. Hay que buscar una lógica y aspectos técnicos que realmente condigan con la aplicación de las sanciones a las ONG que no rindan cuentas sobre los recursos que provienen del Estado por la cuantía y el monto que administran estas ONG”, dijo.
Descartó que sea “garrote político”
Olmedo también se refirió al aspecto político que envuelve al proyecto de ley. Descartó que tenga una intención de convertirse en un “garrote” del Gobierno contra organizaciones que lo cuestionan.
“Buscar la transparencia -para mí- siempre es importante, hay que ver los alcances y que sean aplicables, que no sea una cuestión que busque socavar la labor misional y altruista que tienen las ONG. Entiendo que hay algunas que no cumplen a cabalidad su labor, pero no podemos generalizar a todas ellas, que muchas han contribuido mucho con el país”, dijo.
Análisis de factibilidad
Mencionó que prevé realizar un análisis pormenorizado del proyecto de ley, que cuenta con media sanción del Senado.
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Añadió que la intención es analizar la factibilidad de la normativa, haciendo énfasis en la diferencia entre fondos que provienen del Estado de recursos privados o del exterior. También verificar si el Estado puede aplicar restricciones contras las organizaciones en caso de incumplimiento.
En un comunicado, 81 organizaciones no gubernamentales expresaron ayer su “profunda preocupación” por la aprobación del proyecto de ley. Afirman que impone medidas, obstáculos y restricciones que atentan contra derechos y principios fundamentales.