El 24 de junio pasado, en menos de una semana, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular es Agustín Encina, concluyó la investigación abierta luego de la denuncia presentada sobre el llamado a licitación del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), al mando de Tadeo Rojas –quien a su vez es tesorero del Partido Colorado–, para la implementación del programa de alimentación escolar, conocido como Hambre Cero.
Se trata del plan estrella del gobierno de Santiago Peña y para el cual solo esta cartera de Estado tiene previsto gastar más de G. 2,8 billones, alrededor de US$ 372 millones.
Según la conclusión de la DNCP, para la convocatoria “no existió limitación alguna a la concurrencia, asegurando un entorno competitivo y conforme a los principios fundamentales de la contratación pública”. Esto, haciendo una referencia previa que evidencia de ello es la participación de nueve oferentes quienes presentaron sus respectivas ofertas.
Lo llamativo es que la DNCP, en ninguna parte de su conclusión, hace mención a que cuatro oferentes prácticamente tendrían su parte asegurada en ocho de los doce lotes licitados por el MDS, debido a que son las únicas que presentaron sus propuestas.
Las empresas que asegurarían contratos –en caso de no declararse desiertos esos ítems– son: Comepar SA, Antolín Javier Génez Miranda, pero vinculada al expresidente del Club Olimpia Miguel “Miki” Cardona; Ladero Paraguayo SA, representada por Hugo Cáceres; Distribuidora Paraguay de Rosa Mabel Capli de Carlson y Consorcio de Abastecimiento de Alimentos de Patricia Esther Fernández de Alcaraz.
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Esta última, Fernández de Alcaraz, incluso, aparece como socia de la empresa Comepar en el Consorcio de Alimentos.
Solo entre estos cuatro oferentes, los contratos sumarían G. 2,5 billones, unos US$ 343 millones, es decir, representa el 90% del total presupuestado por el MDS.
Hambre Cero: el análisis de Contrataciones Públicas
La DNCP presenta un “análisis” de los cuatro puntos cuestionados en la denuncia. Sobre la falta de audiencia pública dice que no es obligatorio.
La DNCP, por otro lado, desvirtuó la falta de comisión de equipo multidisciplinario y ausencia de Estudios técnicos y estadísticas Alimentarias, y carencia de estudio de mercado.
Lapidario informe de la Contraloría
Los cuatros oferentes que prácticamente asegurarían su parte en el plan Hambre cero a ser implementado en Asunción y los departamentos Central y Presidente Hayes por el MDS lideran la tabla de grandes proveedoras que acapararon el programa alimentación escolar entre 2012 y 2022. Esto, según el lapidario informe sobre las rendiciones de cuentas financiadas con recursos del Fonacide.
La documentación señala que en ese lapso, Ladero Paraguayo SA consiguió 176 contratos por más de G. 578.027 millones; Comepar SA logró cuatro acuerdos, por más de G. 567.578 millones; Consorcio Comepar y Asociados, consiguió 10 contratos por G. 509.945 millones; Rosa Mabel Capli (Distribuidora Paraguay), 108 acuerdos por G. 435.653 millones y Patricia Esther Fernández Valiente (Consorcio de Abastecimiento de Alimentos), logró 15 contratos por más de G. 283.499 millones.
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Varias de estas empresas aparecen otra vez en el ranking, pero consorciadas con otras. Esta práctica también fue evidenciada por la CGR.
Intentamos obtener la versión del director de la DNCP, Agustín Encina, pero no respondió los mensajes enviados.