Los firmantes son los diputados: Rocío Vallejo (PPQ); los liberales Rodrigo Blanco, Jorge Ávalos Mariño y los cartistas Miguel Del Puerto y Rocío Abed.
En su justificación los proyectistas indican que “la descentralización de la administración pública y el control de la legalidad de sus actuaciones, resultan imperiosas para mejorar la respuesta del Poder Judicial a estos desafíos. La erogación que esto puede llevar al Poder Judicial es mínima, el beneficio a los usuarios del sistema, será importante”.
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De aprobarse dicho proyecto, el Artículo 30 quedaría de la siguiente manera: “El Tribunal de Cuentas estará compuesto por cuatro salas, integradas con tres miembros cada una. Tendrán competencia, exclusivamente, en los juicios contencioso-administrativos, en las condiciones establecidas por la ley que rige la materia”.