“Es para perseguir a los enemigos del Gobierno y, el Gobierno que está hoy, un día va a dejar de ser gobierno y esto les va a venir contra ellos, es una ley”, dijo Martín Burt.
Afirmó que la normativa es de cumplimiento imposible, especialmente en el interior del país. “El Cuerpo de Bomberos de Caraguatay, que recibe donaciones de particulares, no va a poder cumplir, entonces todos los donantes ya van a cuidarse”, dijo Burt.
Considera que hay muchas cosas que pueden hacer para fomentar la transparencia en el Paraguay, pero con esta ley van a crear más problemas que soluciones. Cuestionó que la normativa refleje el enojo del senador Gustavo Leite (ANR, HC) contra Alma Cívica y Juntos por la Educación.
Piden tener cuidado, dice directora del CEJ
María Victoria Rivas, directora ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), pidió tener mucho cuidado en avanzar en un proyecto de ley que pretenda imponer condiciones a la cooperación internacional y a organismos internacionales.
“Quiero ratificar que el Estado paraguayo para convalidar sus políticas públicas y para convalidar sus cooperaciones internacionales, sus préstamos y financiamiento necesita necesariamente consultar con la sociedad civil; son políticas del Banco Mundial y del BID que aquellos aspectos en que ellos van a aportar como donaciones o préstamos necesariamente el Estado tiene que consultar y tiene que tener la voz de la sociedad civil”, dijo.
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Indicó que en el fondo lo que pretende el proyecto de ley en estudio es disminuir la capacidad técnica y la capacidad de producir informes independientes que nos puedan ayudar a contrarrestar una sola voz que, es la voz del Estado y la voz del oficialismo.
Buscan el cierre de las ONG, dice Santagada
Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho de Economía Ambiental (IDEA), dijo que el proyecto cartista busca el cierre de las organizaciones sin fines de lucro y modificar de facto el artículo 1° de la Constitución que adopta la forma de gobierno, representativa participativa y pluralista y borra la participativa.
“Va a ser la vieja frase el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes; ese paradigma fue cortado por la constituyente del 92. En la práctica, con este proyecto de ley volvemos a la vieja época”, dijo Santagada.
Cuestionó el poder que se le dará al ministro de Economía y Finanzas, ya que por resolución tendrá a su merced, el derecho a trabajar, a asociarse con fines útiles y el patrimonio de las personas. Indicó que, particularmente, no jugará con el patrimonio de su familia al capricho y humor político del Ministerio de Economía. El representante de IDEA cuestionó las sanciones previstas en el proyecto.
Denuncian ley mordaza a las ONG
Para Mariano Bareiro, dirigente vecinal, miembro de la Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay, el proyecto de ley del cartismo es una ley mordaza por la tonelada de documentos que exigirán con la aplicación de la normativa.
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“Nos preocupa sobremanera porque afecta a más de 14.600 organizaciones vecinales inscriptas en los 263 municipios del Paraguay porque nos piden una tonelada de documentación”, dijo Bareiro.
“Esto va a afectar directamente a los intendentes, porque los intendentes del Paraguay nunca tuvieron los recursos suficientes para desarrollar sus municipios sin el pago de nuestros impuestos y sin nuestro trabajo voluntario”, dijo.
Afirmó que, además, atenta contra la ley que promueve el voluntariado en el Paraguay, viola los principios constitucionales del artículo 2° y el artículo 42° de la Constitución Nacional, afecta a las asociaciones de padres, a la Junta de Saneamiento, entre otros sectores.