El excontralor García aparece en apurado y millonario cobro a Essap

El excontralor de la República José Enrique García aparece como uno de los abogados de un joven que ganó un llamativo juicio a la Essap por US$ 1.042.827, es decir, más de G. 7.551 millones. El escandaloso monto fue desembolsado por la estatal aguatera en un proceso que duró menos de 15 días.

Excontralor Enrique García.OSVALDO CAZENAVE
audima

El 11 de agosto de 2021, un joven brasileño –identificado como Lucas Palmar Cataldi– autorizó ante una escribana pública que los abogados José Enrique García, Celso Antonio Mareco, Álvaro Arias y Edelira Salinas Cáceres tengan un poder especial en el marco del llamativo juicio que se inició en 1996 contra la desaparecida Corporación de Obras Sanitarias (Corposana).

Este largo proceso judicial terminó en mayo de 2023, cuando el directorio de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) –bajo la presidencia de Héctor Enrique Ayala– que suplantó a Corposana, decidió hacer el millonario pago en dos cuotas, tras perder el pleito jurídico.

Los archivos a los que tuvo acceso ABC Color revelan que el litigio judicial se inició en 1996, cuando un empresario brasileño, identificado como Marcos Emilio Trufini, denunció a la Corposana por daños, perjuicios y otros. Adujo que la desaparecida empresa pública habría perjudicado a su negocio, ubicado en el centro urbano de Ciudad del Este, en Alto Paraná, cuando hizo trabajos de reparación de cañería.

En el largo proceso judicial que tiene este caso, Palmar Cataldi figura como el último que reclamó los derechos económicos. Todo el proceso de pago se finiquitó en un solo día en la aguatera estatal.

Pasó el tiempo hasta que el 10 de abril de 2014, el Juzgado en lo Civil del 4º Turno de Ciudad del Este, a cargo del magistrado Juan Vicente Pereira, dictó la Sentencia Definitiva Nº 60 por la cual condenó a la Essap SA al pago de US$ 249.846, más un interés del 1% mensual en concepto de lucro cesante.

Para ese entonces, el denunciante inicial, el brasileño Trufini, ya no estaba involucrado en el caso, pues había cedido sus derechos a favor de terceros. Uno de ellos fue el joven Palmar Cataldi, que al momento de iniciarse el proceso, ni siquiera había nacido, ya que en su cédula de identidad figura que nació en 1998. En los registros, Palmar Cataldi aparece como el último en reclamar los derechos económicos en el caso.

En el documento firmado ante la escribana Limpia Stela García Cano, Palmar Cataldi autoriza al excontralor y los demás profesionales a que puedan hacer las derivaciones administrativas y judiciales de “todo lo que concierna al cobro del crédito respectivo”.

La nota presentada por el joven Palmar Cataldi, en la que otorga los permisos para que los abogados puedan accionar en su caso. Aparecen el excontralor García y el conocido Álvaro Arias.

Proceso veloz

El 19 de mayo de 2023 es una fecha histórica para la Essap. Ese día, la abogada Edelira Salinas Cáceres planteó que el monto definitivo a favor de su cliente quede en US$ 1.042.827 (más de G. 7.551 millones).

El compromiso de Salinas Cáceres fue el de congelar la deuda, en caso de llegar a un acuerdo bajo los números planteados.

Ese mismo 19 de mayo de 2023, el directorio de Essap autorizó al presidente Héctor Enrique Ayala a suscribir el acuerdo de partes y proceder al pago parcial al supuesto afectado, según el acta Nº 1647/23.

Siempre en ese mismo día, el titular de la Essap refrendó el acuerdo y estableció el pago del mencionado monto en dos cuotas.

Luis Fernando Bernal, de Essap.

Efectivamente, ese mismo 19 de mayo de 2023 se hizo el primer pago de la cuota, a través de cheque Nº 36.751, a cargo del Banco Continental, por G. 3.800 millones, quedando entonces como saldo más de G. 3.751 millones.

El 31 de mayo de 2023, nuevamente la parte demandante metió otra nota solicitando el pago del referido saldo.

Otra vez, este pedido tuvo una respuesta veloz y el 6 de junio de 2023 se emitió el segundo cheque Nº 36.767, a cargo del Banco Continental, por el millonario monto, cancelando la cuenta.

Pago millonario a nombre de abogada

Además del pago de US$ 1.042.827 (G. 7.551 millones) al joven Lucas Palmar Cataldi, la Essap a mediados del año pasado también autorizó el pago (en dos cuotas) de US$ 140.260 (G. 1.015 millones) a la abogada Edelira Salinas Morínigo. Esta última es la que aparece como una de las autorizadas junto al exprocurador y excontralor José Enrique García, condenado con suspensión de la ejecución por los delitos de producción y uso de documentos no auténticos, para gestionar la “indemnización” millonaria ante la aguatera estatal.

García había sido condenado en junio del año pasado por el caso conocido como Ivesur. Siendo abogado de la Municipalidad de Asunción no presentó apelación contra un fallo arbitral que obligaba a la comuna a pagar más de G. 18.975 millones a la mencionada empresa.

ABC intentó ayer obtener la versión de García, pero su celular estaba apagado. Por su lado, el actual presidente de la Essap, Luis Bernal, reiteró que el apurado pago está bajo sumario y se espera en los próximos días el resultado.

No puede absorber deudas anteriores

En el marco de este proceso judicial, anteriores autoridades de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) ya habían rechazado el millonario pago planteado, porque la institución no puede hacerse cargo de las deudas que tenía la anterior institución que fue Corposana.

Esto dice uno de los documentos firmados por el anterior presidente de la aguatera estatal, Natalicio Chase –hoy senador por la ANR– dentro de este proceso judicial y que explica la naturaleza de esta institución al suplantar a la anterior Corposana.

Según esta documentación, la reglamentación que rige a la Essap, dentro de lo que se contemplan los pasivos (deudas) no sucede a dicha institución (Corposana) a título personal ni a título universal en cuanto a deudas y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza.

En la nota firmada por Chase, se menciona que la Ley N° 1615/000 relacionada a la transformación de la Corposana y la consecuente creación de una nueva entidad, pasa a regirse por normas pertinentes al derecho privado, lo que elimina toda posibilidad de que el nuevo ente se haga cargo de la deuda que se haya tenido en la anterior institución.

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