Todo esto, con el afán de querer justificar el rechazo al proyecto de ley que planteaba el aumento del impuesto al tabaco para financiar el déficit en el presupuesto para el tratamiento de enfermos con cáncer, que ellos mismos generaron con la Ley Hambre Cero.
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En su carácter de legislador y de abogado, Aguilera debería de conocer que el artículo 202, inciso 4, de la Constitución, que habla “de los deberes y de las atribuciones del Congreso”, establece taxativamente que una de sus facultades es “legislar sobre materia tributaria”, sin que esté vedada dicha posibilidad solo a los legisladores del partido de gobierno.
Aguilera también argumentó su rechazo al aumento del impuesto al tabaco y, por ende, el haber dado la espalda a los enfermos oncológicos diciendo que “hay alternativas de fondo como la optimización del presupuesto público, que propone la ‘Ley Godoy’” y acusó que “el populismo barato no construye”.
Sin embargo, su propuesta es la que se podría considerar “populismo barato”, ya que la Ley Nº 6622/2020, que “establece medidas de racionalización del gasto público” (Ley Godoy), es pisoteada por este Gobierno, que viene despilfarrando recursos para favorecer a familiares de políticos a costa del Estado.
El presidente Santiago Peña, lejos de cortar los beneficios a nepobabies colgados del Estado, se encargó de apañarlos, mientras el ciudadano “común” está lejos de “estar mejor”.