Entre los principales puntos del orden del día de la sesión ordinaria de Diputados fijada para las 9:00, destaca un nuevo intento de tratar el proyecto de ley que plantea aumentar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en 2% (y pasar del actual 22% al 24%), para crear un fondo especial para cubrir el tratamiento contra el cáncer de pacientes oncológicos en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), que quedaron sin fondos fijos tras eliminarse la Ley de Fonacide.
“Apelamos a la empatía de los Sres. Diputados y las Sras. Diputadas, para que ayuden con su voto a convertir en realidad el proyecto de aumento del 2% ISC del tabaco. (...) No nos defrauden votando en contra de cientos de pacientes que necesitan un tratamiento digno. Sin un presupuesto real y adecuado nada es posible”, abogó en un comunicado público la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa).
El proyectista de esta iniciativa, diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C), dijo que habló con algunos cartistas intentando “sensibilizarlos”, porque “la situación (para los pacientes) no está fácil ya que, según información que manejamos, para llegar a fin de año, el Incan necesita US$ 40 millones”.
“Hoy no vemos ningún proyecto de ampliación presupuestaria dentro del Congreso, por eso urge la media sanción”, remarcó el legislador, que recordó que intentan solucionar un problema que el propio gobierno generó, al redireccionar los fondos de Salud del Fonacide para financiar la Ley Hambre Cero.
Ley que regula el Consejo de Educación Superior
Otro punto conflictivo y que está bajo la lupa de estudiantes universitarios es el proyecto de modificación de la ley que regula el Consejo de Educación Superior (Cones), que figura como primer punto en el orden del día.
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La iniciativa, promovida desde el Ejecutivo, busca establecer por ley que sea un representante del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el que presida el Cones, órgano encargado de regular a las universidades públicas y privadas del país.
También se plantea modificar las atribuciones de dicho órgano, pretendiendo que sus dictámenes tengan carácter consultivo, y no vinculante como es hasta ahora.
Gremios estudiantiles, sobre todo de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), se encuentran movilizados al considerar que este proyecto viola la autonomía universitaria, establecida por ley.
En el punto 13 del orden del día se encuentra el proyecto que plantea “desmonopolizar” la concesión de permisos de explotación de los juegos de azar, que tendría algunas chances de tener media sanción.
La iniciativa, planteada por legisladores liberales, incluso fue respaldada la semana pasada por el diputado cartista Yamil Esgaib, y no desagrada del todo al oficialismo que es mayoría.
Subsidio a pasajeros, a comisión
El proyecto de ley que plantea reformar el sistema de pago de subsidio por el servicio de transporte público, para que en vez de ser percibido por los empresarios sea abonado directamente a los usuarios, sería derivado hoy a la Comisión Bicameral especialmente creada para el efecto.
El proyecto figura para su tratamiento como tercer punto del orden del día. Sin embargo, atendiendo a que la semana pasada se creó una Comisión Bicameral para canalizar todos los proyectos relacionados a la reforma del sistema de transporte público metropolitano, el proyectista, diputado Adrián “Billy” Vaesken dijo que se allanará a que se trate en dicho espacio.
Tratan reducción de plazos procesales en Diputados
Como último punto del orden del día de la sesión ordinaria de la fecha de Diputados se incluyó el polémico proyecto de ley del diputado cartista Derlis Rodríguez, que pretende reducir los plazos procesales, que fue blanco de duras críticas en gremios de magistrados, fiscales y abogados independientes durante una reciente audiencia pública.
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En dicha audiencia se mencionó que si bien la intención podría ser buena, de prosperar podría beneficiar a la impunidad (blanqueo) de casos complejos relacionados al crimen organizado o financieros que requieren mayor plazo para llegar a una sentencia firme.
La reforma plantea reducir de 4 a 3 años el plazo máximo para procesos penales, es decir, desde la imputación hasta la condena en todas la instancias, que afectaría sobre todo a delitos complejos ligados al crimen organizado (narcotráfico, lavado de activos, corrupción, etc) o incluso varios muy frecuentes, como el abuso de menores.
El peligro de “blanqueo” no solo se debe a que este tipo de delitos requieren por lo general mayor tiempo de investigación y de etapa probatoria en juicio, sino también porque es una realidad el uso de “chicanas” para dilatar los procesos y buscar la prescripción.
Otro punto controversial que plantea este proyecto de ley es que el Ministerio Público tendrá apenas un mes para determinar si abre proceso formal contra un denunciado, de lo contrario, la parte denunciada puede pedir el desistimiento.
El proyecto había sido postergado por un mes, por lo que se incluyó de manera automática en el orden del día de la fecha. No se descarta por ello que pueda volver a pedirse su aplazamiento, sino su rechazo.