Inmediatamente luego de cancelar un acuerdo firmado en 2023 y que tenía una vigencia inicial de 24 meses, es decir hasta 2025, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a cargo de Claudia Centurión, comenzó con un nuevo llamado a licitación para la contratación de un seguro odontológico vip para sus 3.700 funcionarios. El acuerdo anterior era por un máximo de G. 13.320 millones, por los dos años, mientras que ahora se pretende gastar G. 8.907 millones, por un periodo de 12 meses.
Varias irregularidades
El dictamen N° 11 del comité de evaluación de ofertas de la cartera de obras públicas señala que la adjudicación del 2023 a la empresa Odontología 3 SA, representada por Roque Ramírez y Mario Ramírez, estaba siendo reevaluada por disposición de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Indica que la disposición de la institución de compras públicas igualmente recomendaba la anulación de la adjudicación, luego de concluir su investigación de oficio.
El dictamen del MOPC, con fecha 21 de febrero de 2024, muestra que luego de estas recomendaciones de la DNCP se hizo un análisis de la adjudicación en la cual se encontraron varias inconsistencias desde el inicio del proceso de licitación a finales de 2022. En ese sentido, cita que “tras la verificación de los documentos del llamado se han constatado inconsistencias que pudieron inducir al error o desalentar la participación de potenciales oferentes” (sic).
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Por otra parte, dice que el MOPC entonces con respecto al dictamen de precios para la cotización de los potenciales oferentes se constató que no era lo suficientemente clara lo que podía acarrear confusiones sobre la manera de cotizar y en efecto desalentar la competencia. Sobre este punto, el dictamen menciona que la DNCP había hecho una observación a la cartera estatal en octubre de 2022, pero no se hizo caso.
“Asimismo, se ha verificado que requerimientos previstos en las Especificaciones Técnicas, no han sido considerados como Criterios de Calificación Técnica prestándose a ambigüedades y principalmente a que esta institución no tenga certeza del cumplimiento cabal de lo solicitado” (sic), indica el dictamen del MOPC.
Por último, el documento hace referencia a deficiencia entre los solicitado como especificaciones técnicas y lo requerido como criterio de calificación con relación a enfocarse solo en Asunción, atendiendo los funcionarios del MOPC están distribuidos en las distintas bases y secciones distritales a lo largo del país. Para los dictaminantes de la cancelación del contrato esta situación “podría causar un perjuicio a la institución al adjudicar servicios que no tienen el alcance que satisfaga la necesidad la necesidad que se pretende cubrir” (sic).
Nuevo llamado
El 4 de marzo de 2024, la titular del MOPC firma la resolución de cancelación del contrato, mientras que para el 17 de mayo de 2024 se publica en el portal de la DNCP el nuevo llamado.
En esta convocatoria se estableció nuevamente un máximo de 3.700 funcionarios a ser beneficiados con el seguro. Además, del grupo familiar integrado por cónyuges e hijos hasta los 25 años.
Entre los servicios a ser cubiertos en un 100% están exodoncias, cirugías, endodoncias (tratamiento de conducto), ortodoncias, periodoncias y radiología, además de odontología legal y forence. En tanto, que la cobertura del 80% se dará en prótesis e implantología, según el pliego de bases.
Intentamos obtener la versión de la ministra Claudia Centurión, pero no atendió las llamadas a su teléfono celular con terminación 969.
Rubro llevó más de US$ 283,4 millones
Los contratos de seguros privados tanto médicos como odontológicos con el Estado se convirtieron en un lucrativo negocio. Esto, atendiendo a los datos divulgados el año pasado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (en aquel entonces aún Ministerio de Hacienda) que indicaban que en los últimos cuatro años se presupuestaron más de dos billones (US$ 283,4 millones al cambio vigente) para el pago del seguro médico de funcionarios de la administración central y de las entidades descentralizadas.
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El año pasado, según esos datos, la ley de presupuesto contemplaba un total de G. 562.163 millones (US$ 76,1 millones al cambio vigente) para el seguro médico privado, lo que representó un aumento del 7,3% con respecto a lo previsto en el plan de gastos 2022.
El MEF, a inicios de marzo de este año, adjudicó la licitación para la contratación de un seguro médico vip para los funcionarios a Santa Clara SA Medicina Prepaga (Alejandra Beatriz López Rolón, Nancy Peralta Jiménez y Claudia Liliana Vargas Gómez), por G. 40.224 millones (US$ 5,5 millones).
Al MEF se suman otras instituciones que en los últimos meses también realizaron sus llamados para la contratación de seguros.