La exsenadora Kattya González, expulsada del Congreso el 14 de febrero pasado, informó que recibió con beneplácito el dictamen del Ministerio Público, que resolvió la inconstitucionalidad de su desvinculación parlamentaria. “Con el equipo jurídico estábamos seguros de que no podría ser de otra forma porque no sería lo correcto”, sentenció.
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González explicó que el Ministerio Público detalló que la resolución emitida por el Senado, por la cual se la expulsó de la Cámara de Senadores, es inconstitucional. “Esa resolución es nula, no tiene efecto jurídico lo que pretendió el Senado en ese momento”, explicó la exparlamentaria.
Asimismo, la Fiscalía General recomienda a la Corte que haga lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada, solicitando la nulidad de la expulsión.
En relación con este punto, Kattya González explicó que la Fiscalía General del Estado, con esta opinión, hace hincapié en que el Senado no puede violar su propio reglamento. “Lo que debía hacer el Senado, si quería que un senador perdiera su investidura, era cuidar la forma, que establece una mayoría absoluta de dos tercios”, subrayó.
Ministerio Público optó por el camino de la institucionalidad
Destacó que, en un ambiente de copamiento, el Ministerio Público decidió optar por una línea institucionalista y por el cumplimiento del Estado de Derecho. “Es la ley lo que se vulneró el 14 de febrero porque 23 senadores decidieron la muerte civil de una persona que fue votada por el pueblo como su representante”, comentó.
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La exparlamentaria señaló que espera que la Corte Suprema pueda expedirse de manera oportuna y realizar una argumentación sólida de la situación, estableciendo un precedente. Señaló que, si la Corte decide apartarse del criterio del representante de la sociedad, al menos deberá justificar exhaustivamente por qué el dictamen de la Fiscalía es incorrecto.
En el caso de Corte falle, Senado deberá acatar, dice
González que espera sea ahora ratificada por la Corte, y en el caso de ser así, dice que será de cumplimiento “obligatorio“ para el Senado.
“En realidad acá el Senado si no cumpliera una orden judicial estaría cometiendo un hecho punible que es el de desacato. En la hipótesis, de que la Corte haga lugar a la acción de inconstitucionalidad así como recomienda el Ministerio Público no hay otro trámite, es acatar”, sostuvo.
Apuntó que si la Corte resuelve la inconstitucionalidad a su favor, no hará falta que vuelva a jurar (y depender de una mayoría que le dé quorum), ya que lo que se hace es anular la expulsión.
“Cuando la acción de inconstitucionalidad se hace lugar, lo que se realiza en términos ficcionados es la casación, esa resolución nunca existió, entonces no es igual a ningún otro caso que se haya planteado hasta hoy en el Congreso Nacional. No es igual al caso de no juramento que se había determinado por cuestiones políticas, es muy diferente”.
No se descarta llegar a instancias internacionales
Ante la posibilidad de que la Corte haga lugar a la acción de inconstitucionalidad recomendada por el Ministerio Público, ya no habría otro trámite. Si el Senado no cumpliera una orden judicial, estaría cometiendo un hecho punible.
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Kattya también refirió que, si no se cumplen las expectativas, una vez agotadas las instancias nacionales, quedarán las instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Dijimos que íbamos a agotar todas las instancias locales e internacionales por defender la soberanía popular y creemos que estamos ante un hecho de fractura del Estado. Estamos cumpliendo cada uno de esos pasos. Ojalá no tuviéramos que llegar a eso”, afirmó.
Se resolvería en menos de dos meses, según defensor de Kattya
El Dr. Juan Carlos Mendonca, defensor de Kattya expresó en ABC TV que el dictamen de la fiscala no es vinculante y que ahora es el único trámite pendiente. “Solo queda esperar la sentencia de la Corte y los plazos son referenciales porque habitualmente esta instancia no cumple. Esperemos que sea lo antes posible”.
Cree que lo más razonable es que la Sala Constitucional se pronuncie en menos de dos meses y se resuelva. El defensor agregó que no es un caso tan complejo pero sí hubo una violación del Estado de derecho en general. “Se necesitan tres votos y los miembros son los ministros Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diesel”.
Por últímo resaltó que no existen cuestiones no ajusticiables.