El Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia de la Circunscripción del Departamento Central ordenó, en un fallo histórico a la Municipalidad de Luque la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía y da al intendente Carlos Echeverría un plazo de 30 días hábiles después de ser notificada.
Esta decisión judicial representa un logro para la Contraloría Ciudadana de Luque (CCL), organización que presentó un amparo constitucional exigiendo el cumplimiento de la Ley N° 5.590/16, que establece la obligatoriedad de las municipalidades de realizar dichas audiencias públicas.
En primera instancia, la Jueza Nunila González había rechazado el amparo, pero la CCL apeló considerando fuera de lugar los argumentos esgrimidos. El Tribunal de Alzada finalmente revocó esa resolución inicial y ordenó a la comuna Luqueña acatar la ley.
De esta manera, el intendente Carlos Echeverría y su equipo de gobierno deberán rendir cuentas públicamente sobre su gestión administrativa y financiera ante los ciudadanos en un plazo máximo de un mes tras la notificación oficial.
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La corresponsalía de ABC Color se intentó comunicar con el intendente Carlos Echeverría para obtener su versión, pero no se obtuvo respuesta de parte de la autoridad municipal.
Presentación de amparo judicial contra la Municipalidad de Luque
La Contraloría Ciudadana de Luque, una organización voluntaria de ciudadanos, presentó el 23 de mayo un amparo constitucional contra la Municipalidad de esa ciudad ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de Adolescencia de J. Augusto. Saldívar. El caso recayó por sorteo en dicho juzgado tras ser ingresado en la Sala de Garantías Constitucionales del Juzgado de San Lorenzo.
El amparo tiene como objetivo exigir al intendente Carlos Echeverría el cumplimiento de la Ley 5.590/16, que establece la obligación de realizar una audiencia pública de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Pese a los reiterados reclamos, las autoridades municipales se han mantenido renuentes a transparentar su gestión.
Desde inicios del año, la Contraloría Ciudadana ha solicitado en más de una ocasión al jefe comunal la convocatoria a esta instancia de participación ciudadana. Sin embargo, sus pedidos han sido sistemáticamente ignorados por el ejecutivo municipal.