Con bombos y platillos, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), anunció el cierre del Departamento de Cafetería de la Cámara de Diputados. Si bien suena -y es escandaloso- sobre todo porque tenía una “jefa de café” que cobraba G. 13 millones al mes, no tiene ni punto de comparación con lo que les cuesta a los contribuyentes seguir manteniendo a los hijos, esposas, hermanos y otros parientes de los legisladores.
Según los casos que tomaron estado público de presuntos “nepobabies” de Diputados, se estima -por lo bajo- que mantenerlos cuesta mensualmente G. 295.994.038, lo que al año asciende a G. 3.847.922.494 (incluido aguinaldos).
Lo peor es que las medidas asumidas hasta ahora desde el Legislativo no han pasado de ser placebos o intentos de cortina de humo para que siga campante la práctica de ubicar a parientes directos en instituciones públicas, con la excusa de que no se configura el delito de nepotismo al no firmar cada legislador los contratos o nombramientos.
Otra medida prometida en Diputados y que no resuelve el problema de fondo, al contrario, sigue cargando el gasto corriente, es el anuncio hecho por Latorre de un concurso de méritos para sumar al plantel de la Cámara Baja a 50 jóvenes del interior del país, que supuestamente debe darse en este mes de mayo.
Una solución real sería la modificación de Ley Nº 5295 “Que prohíbe el nepotismo en la Función Pública”. Tras estallar el escándalo de los “nepobabies”, surgió un abanico de propuestas de reformas que hasta ahora quedaron paradas en el Senado.
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La Cámara Baja, en sesión del pasado 20 de marzo, dio media sanción a uno de los proyectos de modificación de dicha ley, versión que también tuvo sus cuestionamientos por una redacción ambigua que podría dejar abierta, una vez más, una ventana para evadir el castigo.
La propuesta de Diputados se suma a al menos otras tres que habían sido ingresadas a la Cámara Alta, una de ella del senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), otra del senador Eduardo Nakayama (Liberal) y la iniciativa ciudadana denominada “Chau nepotismo”.
Si bien en ciertas comisiones, como la de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo del Senado, se inició el análisis de estas propuestas, de momento no está previsto su tratamiento ante el pleno de la cámara.
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El debate central en torno a todas las propuestas es lograr que de vuelta no se establezca la posibilidad de interpretaciones ambiguas que eviten el castigo, y por otra parte, la posibilidad de que se castigue con pena de cárcel a los que violen la ley.
Finalmente, otro proyecto que fue anunciado con bombos y platillos y planteado casi como la “panacea” para el problemática del nepotismo, fue el proyecto de Ley “De la función pública y la carrera del servicio civil” presentada por el Ejecutivo, y que también está empantanada en el Senado.
Lejos de cómo intentó presentar el Gobierno esta iniciativa, la misma -salvo que sufra modificaciones- solo afectaría a funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo y, por ende, permitiría que sigan los abusos tanto en el Poder Legislativo como el Judicial. La medida tampoco tiene mucho brío recientemente.
Peña defiende cada vez que puede
El presidente Santiago Peña ha demostrado nula intención de combatir el nepotismo, llegando a defender casos como el de Magida Esgaib, hija del diputado cartista Yamil Esgaib, contratada con millonario salario en la embajada paraguaya en Reino Unido.
Otra estocada mortal a la transparencia fue la promulgación de las modificaciones que terminaron aniquilando la Ley contra Conflicto de Intereses. Con ello, eliminó la obligación para autoridades de declarar familiares ubicados en cargos públicos.