En comunicación con ABC Cardinal este martes, el diputado Hugo Meza (ANR) comentó sobre el veto del presidente Santiago Peña a un proyecto de ley que planteaba derogar la obligación de que un ciudadano presente un certificado de cumplimiento tributario para obtener un pasaporte.
El lunes, el Poder Ejecutivo publicó el veto del presidente Peña, que argumenta que el proyecto de ley pondría en peligro la “equidad social en manera tributaria” y “la eficiencia de los mecanismos de percepción y control del cumplimiento tributario”.
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El diputado Meza señaló que el proyecto de ley fue aprobado casi con unanimidad en la Cámara Baja con el espíritu de “dar un poco de justicia” y argumentó que “es injusto y hasta inconstitucional privar al ciudadano, por tener alguna deuda con el fisco, de tener un pasaporte”.
Señaló que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, a la que el Poder Ejecutivo atribuye los argumentos arriba mencionados en su resolución de veto, “tiene otras herramientas para poder recaudar, no privando al ciudadano que tiene que salir del país no precisamente porque quiere, sino porque busca otras oportunidades”.
“(En la Cámara de Diputados) entendimos en la primera vuelta que (el proyecto de ley) es un acto de justicia, no se le puede negar a un ciudadano su identidad”, insistió.
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Con el veto, el Poder Ejecutivo devuelve el proyecto al Congreso, cuyas Cámaras deben votar para levantar el veto y ratificarse en su posición con respecto al proyecto de ley o aprobar la decisión presidencial.
El diputado Meza adelantó que se mantendrá en su posición de apoyar el proyecto de ley y dijo creer que al menos en Diputados esa línea se mantendrá, teniendo en cuenta el amplio apoyo que la iniciativa tuvo en la primera vuelta.
“No se puede supeditar un derecho fundamental a una cuestión de recaudación tributaria”, subrayó.
La necesidad de “coaccionar”
Por su parte, el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, defendió la postura del Poder Ejecutivo señalando que “la coacción o presión que se le hace a las personas permite el cumplimiento voluntario” y agregó que “si no hay forma de obligar a las personas a que cumplan sus obligaciones, sencillamente no pagan”.
Señaló como ejemplo los altos índices de morosidad tributaria que reportan los municipios “porque no tienen forma de coaccionar”.
Sobre el cuestionamiento de que la exigencia de un certificado de cumplimiento tributario cercena el derecho al libre tránsito de las personas que no están al día con sus pagos al fisco, su argumento fue que no se produce tal violación de derechos porque esas personas aún pueden viajar a países vecinos como Brasil o Argentina, donde solo se requiere la cédula de identidad.
Agregó que en 20 años de vigencia del requerimiento de certificado de cumplimiento tributario para la expedición de pasaportes nunca se presentó una acción de inconstitucionalidad contra la norma.