El diputado Yamil Esgaib, presidente de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, emitió un comunicado en el que, a duras penas, intenta defender su polémico proyecto de “devolución premiada”, que permitiría a los corruptos disminuir su pena si son descubiertos y devuelven lo robado.
En el documento, firmado también por el abogado José Ignacio González Macchi (asesor), se señala que el proyecto fue analizado en sesión extraordinaria de la Comisión con la presencia de un representante de la Defensoría Pública y del Colegio de Abogados del Paraguay.
Señalan además que realizaron el comunicado “a efectos de brindar a la comunidad jurídica en general y a nuestros pares legisladores” una síntesis de “las razones normativas” que se consideraron para el dictamen del proyecto.
En esta nota te contamos lo que alega Esgaib en su “justificación” del proyecto que beneficiaría a los políticos y funcionarios corruptos.
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Yamil Esgaib: confuso intento por justificar la polémica figura
En su comunicado, Esgaib hace un esfuerzo, bastante confuso, por tratar de explicar que la polémica figura de la “devolución premiada” tiene similitudes con otras que ya existen en el Código Penal, pero aclarando que no son lo mismo.
“El Código Penal tiene reglas que permiten al arrepentido ser eximido de pena cuando, ante una tentativa acabada de un hecho punible, impida la producción del resultado. También contiene una regla de medición de la pena, por la cual, los esfuerzos para reparar los daños, deben tenerse en cuenta al momento de la imposición de la pena (sic)”.
Pese a esta comparación, señala que “sin embargo, ninguna de estas figuras es exactamente igual al instituto propuesto; por tanto, mal podría exponerse que la atenuación proyectada es innecesaria ante cualquiera de las opciones expuestas”.
Agrega que “ninguna de estas figuras jurídicas es considerada inconstitucional, pues el principal objetivo es evitar mayores perjuicios patrimoniales al Estado; y el criterio de igualdad ante la ley también es respetado. No existe ninguna norma constitucional que pueda ser considerada lesionada en su implementación”.
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Polémico proyecto podría tener sanción ficta a fin de mes
El polémico proyecto fue criticado fuertemente por varios sectores, como el Colegio de Abogados de San Lorenzo, que lo calificó de “inmoral y peligroso”. Senadores como Eduardo Nakayama y Éver Villalba señalaron el proyecto del cartista como “disparate”.
La polémica iniciativa ya tiene media sanción y se encuentra en análisis en la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, aguardando un dictamen.
Si no se trata antes del 31 de mayo, esta iniciativa que incentiva la corrupción y busca atenuar las penas hasta en un 50% para los funcionarios que devuelven lo robado tendrá una sanción automática en la Cámara de Senadores.