Senado sanciona la dudosa reforma de ley de tobilleras

El Senado sancionó ayer la reforma de la ley de tobilleras electrónicas cuyo objetivo principal es impedir feminicidios, sin embargo se aplicará a todos los delitos. Opositores y disidentes advirtieron que no reducirá el hacinamiento penitenciario y que empresarios, jueces y fiscales se harán más ricos.

El senador Erico Galeano (ANR, HC), imputado por supuesto lavado, tiene arresto domiciliario y se salvó de la prisión.Gustavo Machado
audima

El pleno de la Cámara Alta resolvió ayer sancionar y remitir al Poder Ejecutivo el proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley Nº 5863/17, que establece los dispositivos de control y deroga la Ley Nº 6345/19.

Javier Zacarías (ANR, HC), vocero de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que el expediente modificaba 9 de los 11 artículos y se incluía la legislación sobre protección contra todo tipo de violencia contra las mujeres.

Subrayó que los beneficiarios deberán solventar sus dispositivos, salvo se declaren insolventes, y que el Ministerio del Interior podrá reglamentar la norma y contratar el servicio que necesite.

Derlis Maidana (ANR, HC), de la comisión de Legislación, aclaró que la ley se aplicará a todos los delitos, con especial atención a la violencia contra la mujer. Subrayó que el Ministerio del Interior lo aplicará gradualmente y el plan inicial incluye 100 sujetos y recalcó que el país tiene 18.000 presos.

No obstante, senadores opositores repudiaron al oficialismo por intentar aprobar la ley a tambor batiente sin aceptar las modificaciones planteadas por varias comisiones.

Esperanza Martínez (FG) acusó a los cartistas de apurar el proyecto por capricho del Ministro del Interior, Enrique Riera.

Por su parte el colorado disidente Colym Soroka dijo que la ley era un conjunto de mentiras ya que no bajará la violencia y que no habrá equipos de acción inmediata ya que la Policía apenas tiene patrulleras.

También cuestionó que solo las personas pudientes van a poder pagar el beneficio y que jueces y fiscales se van a enriquecer ya que estará a criterio de ellos conceder o no el acceso a este dispositivo de prisión domiciliaria u orden de alejamiento.

Sección de senadores opositores y satélites.

Rechazan ceder plaza a culto que la amuralló

Por unanimidad, el Senado rechazó y devolvió a la Cámara de Diputados un cuestionado proyecto de ley que pretendía autorizar a la Municipalidad de Pedro Juan Caballero ceder un terreno destinado a plaza pública a una iglesia evangélica que ya amuralló la propiedad.

Se trata de la finca Nº 9783, del Barrio Obrero de PJC. La beneficiada era la entidad religiosa “Ministerio Internacional el Shaddai”. Durante el debate, varios senadores denunciaron que este proyecto, del diputado Juan Manuel Acevedo (PLRA), era un presunto negociado del intendente Ronald Enrique Acevedo (PLRA) a beneficio de un dudoso culto liderado por funcionarios del TSJE y brasileros vendedores de autorrepuestos.

Indicaron que todo apuntaba a que el plan es lotear el lugar. Denunciaron que dicha iglesia ya amuralló la propiedad y que sus encargados rechazan compartir el espacio con la comunidad.

Tras numerosas alocuciones de repudio, el proyecto se rechazó.

La senadora Celeste Amarilla y otros parlamentarios.

Declaran emergencia en Ñeembucú

Por otro lado, el pleno aprobó una declaración de emergencia del departamento de Ñeembucú, tras los últimos temporales. Se trata de una iniciativa del senador Ever Villalba (PLRA) que ahora pasa a la Cámara de Diputados. Otros proyectos del 2023 que declaraban en emergencia Ñeembucú, Misiones y San Pedro, fueron rechazados por extemporáneos.

Postergan emergencia víal Pozo Colorado Concepción

En otro punto, el pleno postergó por 15 días, el proyecto de Ley “Que declara emergencia vial, del tramo en estado intransitable de la Ruta Nacional N° 05 “Gral. Bernardino Caballero”, que une Concepción con Pozo Colorado”, presentado por al bancada liberocartista. El debate se prolongó debido a que la oposición acusó al gobierno de turno de dar impunidad a las empresas vialeras responsables de la obras y a la ministra de obras, Claudia Centurión, de declararse incompetente en el tema.

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