El escrito del abogado Felino Amarilla –que representa al imputado exministro de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui– se presentó ayer en marco de la causa Nº 6898/2023 por supuesta denuncia falsa y otros. Según el documento, se pone a conocimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y a su vez advierte al presidente, Luis María Benítez Riera, de circunstancias que considera no se han tenido en cuenta.
El profesional comienza su relato recordando que recientemente la Sala Penal ha resuelto una recusación formulada en su momento por el diputado nacional Mauricio Espínola a través de su abogado, contra la entonces fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, en la causa Nº 4253/2022 caratulada: “Mauricio Espínola s/ Revelación de Secretos de Carácter privado”, declarando la misma inadmisible, con el argumento de que ella había dejado el cargo. “Sin embargo, en esta causa la sala penal fue reintegrada, suscribiendo la resolución judicial los ministros Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia, no interviniendo el hoy presidente de la Sala Penal, el ministro Luis María Benítez Riera por haberse inhibido (siendo sustituido por el ministro César Diesel)” (sic).
Amarilla señala que en ese sentido es importante poner a conocimiento de la Sala Penal que la causa Nº 4253/2022 y otras referentes a las supuestas filtraciones de los informes sobre el expresidente Horacio Cartes fueron reasignadas por el actual fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, a través de la Resolución FGE Nº 221 del 30 de enero de 2024, a los fiscales Aldo Cantero, Giovanni Grisetti y la adjunta Patricia Rivarola. Es decir, se acumularon todas las investigaciones y quedó un solo proceso en el cual también está el diputado Mauricio Espínola.
“Por ende, el criterio que se sostiene por mi parte es que el ministro Benítez Riera ya se encuentra inhibido en la presente causa como derivación de su inhibición en causa 4253/2022, que hoy forma parte de la causa 6898/2023. Para mayor abundamiento, el diputado Espínola está hoy imputado la presente causa en virtud de los mismos hechos relatados en la causa 4253/2022″ (sic).
El abogado indica que estas inhibiciones o integraciones de la Sala Penal generan preocupación, “ya que a la fecha se ha tenido conocimiento de que la integración de la misma, si bien se ha dado con el ministro César Diesel, la inhibición que existe a la fecha es la de la ministra Carolina Llanes, no así la del presidente de Sala, estando ambas causas acumuladas” (sic).
Por tanto, Amarilla solicita que sean consideradas las manifestaciones formuladas y requiere que se solicite sea traída a la vista de la Sala Penal la carpeta fiscal de la causa N° 6898/2023, “en la cual consta la resolución de reasignación de los fiscales, y donde además está demostrado que ambas causas son hoy una sola, siendo ésta en la cual se ha imputado al diputado Espínola” (sic).
El abogado añade que una vez comprobada la situación en la presentación solicitan a Luis María Benítez Riera se aparte de seguir entendiendo en el presente proceso, como ya lo ha hecho en la ocasión anterior.
Imputación plagada de contradicciones
El acta de imputación firmada por Aldo Cantero y Giovanni Grisetti tiene innumerables contradicciones. Y es que mientras en unos párrafos hablan de que en el informe sobre el titular de la ANR se introdujo “información tergiversada y falsa”, en otros señalan que la Seprelad se excedió en su trabajo por el simple hecho de hacer un reporte.
Lo curioso es que ni en la imputación ni en el cuaderno de investigación hay rastros que desvirtúen los datos consignados, como el supuesto esquema con redes de empresas, bancos, casas de cambio, etc., que registraban enormes volúmenes de dinero supuestamente proveniente del tráfico de cigarrillos.
El informe elaborado por el ente antilavado mostraba cuadros, sugestivas transferencias al exterior, aparentes clientes y otros registros que no son esclarecidos en el acta de imputación. Lo único que Cantero y Grisetti afirman en forma insistente es que la “filtración” habría ocasionado “un gran desprestigio al expresidente de la República y a las empresas vinculadas al mismo” (sic).