En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, convocada para hoy a las 09:00, se deberá definir si los “abogados mau” podrán seguir siendo representantes de ambas cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) o el Consejo de la Magistratura.
El movimiento Honor Colorado impuso en su momento la designación como miembros del JEM al exdiputado e imputado senador Hernán David Rivas y al diputado Orlando Arévalo (ambos ANR, HC), este último investigado aunque la Fiscalía no encontró nada.
En el orden del día de hoy figuran dos proyectos de ley (uno para el JEM y otro para el CM) que plantean, básicamente, aumentar los controles, a fin de certificar fehacientemente la preparación académica como abogados de quienes serán representantes ante estos órganos extrapoder.
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Como primer punto, se prevé el tratamiento del proyecto del diputado Roberto González (ANR, Fuerza Republicana) referente a los requisitos para ser miembro del Consejo como parlamentario. La iniciativa plantea exigir, además de título de abogado, la “acreditación de haber ejercido la profesión o desempeñado funciones en la magistratura, o ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica, conjunta, separada o alternativamente por el periodo de 10 (diez) años, cuando menos”.
Esto debido a que, en el caso de Rivas, entre la cantidad de elementos que ponen en duda su condición de abogado, destaca que recibió su título a las apuradas poco antes de jurar como miembro del JEM y no se le conocen compañeros ni docentes que hayan cursado la carrera junto con él, y menos que hubiese ejercido la profesión.
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Lista de legisladores abogados para el JEM
En el séptimo punto, figura el otro proyecto relacionado al JEM, presentado por los diputados Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), Johanna Ortega (País Solidario) y Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional).
En este caso, se propone exigir elaborar una lista de legisladores abogados que puedan ser designados como representantes ante el Jurado, los cuales “deberán presentar sus antecedentes académicos”, a fin de corroborar su legalidad.
Pese a la investigación penal por supuesto título falso, la Fiscalía ya eximió al diputado Arévalo, basándose únicamente en testimonios de testigos ligados a él. La situación de Rivas es distinta porque fue imputado por la fiscala Patricia Sánchez, pero no fue admitida por el juzgado por ser escueta (la imputación).