Carlos Giménez, quien fue bastante cuestionado por su discurso homofóbico, había sido elegido como intendente de Choré en el 2015, para luego pasar a ser gobernador del departamento de San Pedro en el año 2018. En este período fue designado por el presidente Santiago Peña (ANR-HC) como jefe del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Desde el 2018, el referido político sampedrano tuvo un gran aumento en su patrimonio, de acuerdo con sus Declaraciones Juradas (DD.JJ.) que figuran en el portal de la Contraloría General de la República (CGR).
Según los documentos oficiales, cuando asumió como gobernador en 2018 informó al ente de control que tenía un patrimonio neto de G. 3.314 millones.
El 31 de enero del 2023, cuando deja el cargo de gobernador para hacer campaña política para su candidatura como senador por la Asociación Nacional Republicana (ANR), presenta de nuevo su DJ donde ya se observa un elevado aumento en su patrimonio neto. En ese entonces ya registró G. 20.395.000.000.
El 13 de julio del año pasado asume como senador y vuelve a presentar su DJ con un patrimonio neto que saltó a G. 21.303.400.000.
Un mes después deja el cargo en la Cámara Alta, para pasar a ser ministro de Agricultura y Ganadería y dar lugar en el Congreso para que el cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna sea senador. Desde ese entonces su patrimonio neto se ubica en G. 20.032.400.000.
Ese mismo monto se observa en los documentos que presentó ante la CGR para pasar a ser titular del MAG.
El ministro reportó un total de 10 inmuebles, todos ellos en el distrito de Choré. También varios vehículos, entre camionetas, tractores y automóviles.
Según los documentos oficiales, su fortuna se respalda principalmente con la compra y venta de ganado, que dice le genera un ingreso mensual de al menos G. 290.000.000. Su remuneración como ministro es de G. 24.851.200. Los alquileres le producen un ingreso mensual de G. 5.000.000, dijo.
Antecedentes
Como gobernador del departamento de San Pedro, tuvo varios cuestionamientos, por ejemplo, la denuncia de varios concejales departamentales por supuesto enriquecimiento ilícito, obras fantasmas, fraudes en alquileres y entregas ficticias de medicamentos.
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En aquella oportunidad, diez concejales habían planteado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos por un supuesto perjuicio de unos G. 1.600 millones para la gobernación.
Señalaron entonces que el reclamo fue presentado en Asunción y no en su departamento por el temor a la influencia del entonces jefe departamental sobre los fiscales de la zona.
En 2020 también fue denunciado por la agresión a un periodista y a un fotógrafo.
En noviembre de 2023 fue salpicado por el escándalo de la firma de convenio del Ministerio de Agricultura con los inexistentes Estados Unidos de Kailasa. Cuando se desataron las burlas, pagó con su puesto el jefe de Gabinete de la institución, Arnaldo Chamorro, quien firmó el acuerdo.
Desfalco de G. 16.190 millones
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) habla de indicios de hechos punibles contra el patrimonio público de unos G. 16.190.009.955, solo en el ejercicio fiscal 2022 de la Gobernación de San Pedro, que en ese entonces tenía como gobernador a Carlos Giménez.
En la página 25 de la memoria de más de 400 páginas, la CGR cita el millonario perjuicio, sin embargo, no da detalles de cómo aparentemente se mal utilizaron esos recursos.
“Los indicios de hechos punibles contra el patrimonio público constituyen hallazgos de hechos irregulares en el marco de las auditorías practicadas en diversos organismos y entidades del Estado, que requieren una profundización, la cual es realizada en la Contraloría, a través de la Dirección de Auditoría Forense, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos”, expresa el informe en esa parte.
Ese mismo documento del organismo de control resalta que los reportes de indicios de irregularidades contra el patrimonio público son derivados al Ministerio Público para la investigación correspondiente.