Luego de seis horas de debate, el cartismo y sus satélites aprobaron ayer en sesión extra 283 artículos del proyecto de ley de Reforma de la Policía Nacional, de los cuales unos 246 artículos fueron aprobados a “libro cerrado” sin ser analizados. El texto ahora pasa a consideración de Diputados.
Uno de los artículos más polémicos fue el planteado por el senador Carlos Núñez Agüero (ANR, HC), directivo de la Cooperativa 8 de Marzo, quien con 18 votos a favor logró introducir al “texto consensuado” un inciso que señala que el ascenso del personal policial está condicionado al cumplimiento del pago de su deuda (con la cooperativa policial).
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En un principio, además de los cartistas avalaron este cambio los senadores colorados independientes: Colym Soroka, Mario Varela, Ramón Retamozo, Blanca Ovelar y Luis Pettengill.
Sin embargo, el pleno resolvió recular en dicho punto y dejarlo sin efecto. Fue después que la senadora Celeste Amarilla (PLRA) amenazara con pedir la pérdida de investidura de Núñez por el conflicto de intereses.
El senador Rafael Filizzola (PDP) afirmó que al personal policial no se le puede negar el ascenso por su actividad privada (deuda) ni mezclar el problema con carrera o establecer un obstáculo si el oficial cumple con todos los requerimientos de servicio.
“Acá se hizo un artículo especial para el sector económico al que pertenece el senador que planteó un artículo a medida (por Núñez) para apretarle a los deudores y lastimosamente este pleno se prestó. A mí me resulta escandaloso”, dijo.
Por su parte, la senadora Celeste Amarilla indicó que no pueden hacer una ley especial a favor de una cooperativa, porque no se habla de todas las cooperativas.
Agregó que se reservaba el derecho de denunciar al senador por supuesto uso indebido de influencias y conflicto de intereses.
“Aprovechando su calidad de senador consiguió modificar una ley a favor de la cooperativa donde él es directivo (8 de Marzo) y en contra de las demás cooperativas del país, que no van a tener este beneficio”, indicó. Dicha advertencia finalmente surgió efecto.
Inconstitucionalidad
Por otro lado, el cartismo y sus aliados aprobaron aparentemente un artículo inconstitucional al no reconocer la conducción civil a cargo del Ministerio del Interior.
La Constitución dice que la Policía estará en “dependencia jerárquica” del órgano del Ejecutivo a cargo de la seguridad. Mientras que en el artículo 5° establecen que “se vinculará” a través de él.
Barreras
También incluyeron que las barreras policiales podrán “verificar la identidad de las personas, en función preventiva o investigativa de un hecho punible, solicitando la presentación de documentos de identificación personal siempre que existan motivos para ello (...). En caso de que persistiere la necesidad de verificar la identidad, la Policía podrá ejercer la facultad coercitiva autorizada por el Código Procesal Penal”, señala.
Filizzola dijo que se pretende legalizar la nefasta costumbre de las barreras policiales que no previenen ni reducen el delito. “¿En qué parte de la Constitución se establece que es obligatorio portar documento de identidad? Son prácticas nefastas de la dictadura”, dijo.
Retamozo planteó aprobar los artículos del 37 al 283 sin discusión. Finalmente, una mayoría de 21 senadores logró aprobar a “libro cerrado” los 246 artículos. La oposición se retiró y señaló que se actúo de forma incorrecta violentando el derecho de los parlamentarios de aprobar artículo por artículo.
Crearán más cargos
Con la aprobación a “libro cerrado” de más de 200 artículos del plan de Reforma policial, se crean más direcciones. Los autores del proyecto de ley e incluso el presidente de la comisión de Hacienda, Derlis Osorio (ANR, aliado HC), no supo precisar el impacto presupuestario que tendrán las creaciones de los cargos.
La senadora Esperanza Martínez (FG) dijo que le llama la atención la creación de 33 puestos y que se sumen a las 26 direcciones existentes para llegar a 59 direcciones cuando la policía de Colombia tiene 16 de direcciones. Se preguntó si con los nuevos cargos se va a terminar el sistema de corrupción interna.