Hace un par de semanas, en la primera sesión ordinaria del año de la Cámara de Diputados, mediante una moción de preferencia del diputado Rubén Rubín (Partido Político Hagamos), se acordó tratar mañana el proyecto “que modifica la Ley Nº 5295/14, que ‘prohíbe el nepotismo en la Función Pública”, por lo que efectivamente fue incluido como 4º punto del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara Baja, convocada para las 9:00.
La Cámara de Diputados, bajo la administración del cartista Raúl Latorre (reelecto para el próximo periodo), fue epicentro del escándalo de casos de nepotismo que salpicó a legisladores de todos los colores, caso conocido como nepobabies y que hasta ahora continúan impunemente.
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Pese a la inclusión del tema en el orden del día, no hay garantía de su tratamiento, puesto que el proyecto aún no cuenta con dictamen de comisiones, y aunque hoy se reúnen varias comisiones, dependerá de la voluntad política de la mayoría de los 80 legisladores, aunque varios de ellos serán juez y parte al mismo tiempo.
Proyecto “antinepotismo” de Bachi daría blanqueo y no solución
A las consideraciones hay que sumarle que en el Senado existen al menos otros tres proyectos que buscan eliminar el nepotismo, entre los cuales algunos tienen más intención de “blanqueo” que de solución, como el del líder de la bancada cartista, Basilio “Bachi” Núñez.
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También en Cámara Alta ingresó el proyecto ciudadano de reforma planteado mediante la figura constitucional de la Iniciativa Popular, que es el más estricto de todos, ya que plantea incluso penas carcelarias para los que incurran en casos de nepotismo.
Por su parte, el proyecto que podría ser tratado en Cámara Baja fue presentado por los diputados Rubin, Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana), Hugo Meza (ANR, B-Oficialista) y Jorge Ávalos Mariño (PLRA, A), y plantea modificar la definición de nepotismo, a fin de evitar las “interpretaciones” para meter a familiares.
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La ley actualmente castiga a todo aquel “facultado” a contratar o nombrar a un familiar, lo cual utilizan a su favor con el argumento de que al no ser ordenadores de gastos, los legisladores “no son responsables”.
Por ello, sugieren la siguiente redacción: “Se entenderá por nepotismo, cuando una persona utiliza sus atribuciones, facultades o influencias para nombrar o contratar en cargos públicos” a familiares. Como castigo se plantea la inhabilitación para ocupar cargos públicos por cinco años y devolución del dinero.
Nulo avance de denuncia penal
A raíz de una denuncia de la abogada Teresa Flecha, a inicios de enero pasado, el titular de Diputados, Raúl Latorre, y el presidente del Congreso, Silvio Ovelar (ambos cartistas), fueron incluidos en una investigación penal por los presuntos casos de nepotismo. Sin embargo, la causa asignada a la fiscala Natalia Fuster ha tenido hasta ahora nulo avance.