A través de un comunicado, fechado el viernes 15 de marzo, los exjefes de Estado y de Gobierno miembros de la Iniciativa Democracia de España y las Américas (IDEA) han manifestado su preocupación por la imputación penal que la Fiscalía ha formulado contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varios de sus colaboradores.
La imputación está relacionada con “supuestas filtraciones de informes de inteligencia financiera” que, según las autoridades, habrían surgido de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Estas filtraciones estarían vinculadas a graves casos de corrupción investigados durante el mandato de Abdo Benítez, y también tendrían conexión con las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que designó a personas físicas y empresas paraguayas implicadas en acciones que socavaron la institucionalidad democrática.
En una declaración previa sobre Argentina, emitida el 9 de diciembre de 2021, los miembros de IDEA expresaron principios que consideran aplicables al caso de Paraguay. Destacaron la importancia de que “todo ciudadano, y no solo un expresidente”, cuente con las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva.
También subrayaron que estos derechos se ven comprometidos cuando existen colusiones indebidas entre los titulares de los órganos del poder público y el sistema judicial, especialmente cuando están motivadas por consideraciones políticas en lugar de la legítima protección de derechos afectados y justiciables.
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Además, hicieron referencia a la advertencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que las autoridades estatales no pueden ampararse en el secreto de Estado, la confidencialidad de la información o razones de interés público o seguridad nacional cuando se trata de combatir al crimen organizado, que constituye una fuente de violaciones sistemáticas de derechos humanos y afecta el Estado constitucional de Derecho.
La preocupación expresada por los miembros de IDEA resalta la importancia de garantizar la independencia del sistema judicial y el respeto irrestricto por los derechos fundamentales en el proceso de investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción.