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El expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Hernán David Rivas Román, fue imputado el pasado 18 de enero por la fiscala Patricia Sánchez Saldívar, por el presunto hecho punible de “producción mediata de documentos públicos de contenido falso”, para obtener su título de abogado de la Universidad Sudamericana. Esta imputación fue admitida por el juez penal de garantías N° 7 Miguel Palacios, quien trasladó a la Cámara de Senadores el pedido de desafuero del senador cartista.
Ayer el Tribunal de Apelaciones 2ª Sala, integrado por los camaristas José Agustín Fernández, Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro revocó la admisión del juez Palacios a la imputación contra Rivas y calificó de “escueta, pobre y paupérrima, que presenta la teoría del caso de quien ejerció incluso la Presidencia del JEM, lo cual indudablemente merecía mayor esmero, descripción, relato fáctico, jurídico claro, detalles, fundamentaciones y argumentaciones”, dice parte del documento.
Agrega que el caso amerita una “abundante mención de documentos; pruebas; testimonios; informes; indicios y relato fáctico conciso y circunstanciado del que adolece la propuesta del Ministerio Publico”.
La fiscal del caso no dio detalles de ningún compañero de Hernán Rivas, tampoco hay rastros de al menos un profesor que garantice que el senador cartista haya cursado la carrera de Derecho entre 2010 y 2015.
La fiscala Sánchez, no tuvo en cuenta el posible tráfico de influencia de Rivas para beneficiarse con su título de abogado y solo apuntó a la producción mediata de documentos públicos de contenido falso, lo cual sería menos gravosa y beneficiosa para el parlamentario que en cada intervención que hizo como integrante y presidente del JEM, dejó al descubierto su poca preparación.
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Supuesto título de Rivas: burdas inconsistencias
La carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana en su sede de Luque estuvo habilitada desde el 11 de octubre de 2009 hasta el 31 de agosto de 2019 ante el MEC. Sin embargo, para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rivas Román egresó en el año 2020 cuando la carrera estaba inhabilitada y cerrada.
El 1 de julio de 2020, el mismo rector interino de la Universidad Sudamericana, Arturo Peralta Vierci, señaló que el 14 de julio de 2017 habían comunicado sobre el cierre de filiales y renuncia de carreras entre ellas la de Derecho.
La Cámara de Diputados eligió el 3 de junio del 2020 a Hernán Rivas Román, como representante de la Cámara Baja ante JEM. Sin embargo, no tenía entonces título de abogado, como obliga el Art. 253 de la Constitución Nacional.
El 8 de junio de ese mismo año recién ingresó el pedido de registro de diploma por parte de la Universidad Sudamericana. El 9 de junio, 24 horas después, el documento fue aprobado por el MEC.
A las 13:00 del 9 de junio del 2020 se presenta ante ante el JEM para jurar.
La Universidad Sudamericana entregó el título a Rivas el 6 de marzo del 2020, pero la resolución por la cual se expidió el título a Rivas, la N° 30858, data del 9 de junio de ese 2020.
Tres certificados de estudio de Hernán Rivas
El 20 de octubre de 2023, el MEC, nota mediante, envió a la Cámara de Diputados un primer certificado de estudios de Rivas Román. En este documento consta que la tesis del legislador colorado fue sobre “Robo Agravado” y no sobre “Reelección Presidencial” como el mismo Rivas había declarado a los medios de prensa el 17 de octubre de 2023.
Ante la confusión el 25 de octubre la Universidad recula y presenta otro certificado donde trata de “arreglar” la situación y dice que su tesis fue sobre Reelección Presidencial.
El 23 de noviembre del año pasado, el MEC responde a un pedido de información de Diputados y adjunta el certificado de estudios que la Universidad Sudamericana emitió el 12 de mayo de 2018 que tiene incluso otros códigos respecto a los dos certificados que se presentaron anteriormente.
Parlamentario sigue imputado en el caso
El juez José Agustín Fernández, integrante del tribunal de apelación aclaró a ABC Color que el senador cartista Hernán David Rivas, sigue imputado, lo que se hizo la Cámara de Apelaciones es remitir nuevamente a la fiscala Patricia Sánchez por intermedio de la Fiscalía General el caso, para una mejor investigación al tratarse de un senador nacional que incluso llegó a ser presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Aclaró además que ampliar el hecho punible ya queda a criterio del Ministerio Público, que es el órgano competente.
“Estamos en un estado material todavía donde el Ministerio Público es el que tiene que ejercer con mayor robustez porque el acta de imputación tiene defectos”, manifestó.
“El Ministerio Público hace uso de su atribución pero eso debe usarse con responsabilidad y conforme a la ley. Ahora es el momento donde la imputación debe ser sólida”, remarcó Fernández, con relación a la anulación.