En comunicación con ABC Cardinal este jueves, la exsenadora Kattya González reiteró la necesidad de que la clase política comprenda el “proceso de deterioro institucional” al que las “actitudes prepotentes” del oficialismo cartista están sometiendo al Congreso Nacional, luego de que la semana pasada el cartismo lograra, por medio de una violación del reglamento interno del Senado, expulsarla de la Cámara Alta.
La exsenadora González, quien hasta la semana pasada era una de las voces críticas al cartismo más prominentes de la oposición en el Parlamento, señaló la situación en torno a su pérdida de investidura y el proceso irregular tras el cual se generó un “llamado de alerta” en distintos sectores de la sociedad civil paraguaya e incluso en delegaciones diplomáticas internacionales.
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Numerosos gremios empresariales, de la construcción, centros de estudiantes, asociaciones de docentes y líderes religiosos han expresado preocupación por lo que consideran un quiebre institucional en la expulsión de González, en un proceso que violó en varias formas el reglamento interno de la Cámara de Senadores.
“Lo más prudente es despersonalizar esta situación; no se trata de Kattya”, dijo. “Me parece saludable que se esté poniendo en el foco del debate lo que significa vivir en democracia, el sistema de pesos y contrapesos que tiene que existir, respetar las reglas de juego democrático y dejar los políticos de mirarnos el obligo y establecer agendas ficticias que no se compadecen con los reclamos de la ciudadanía”, manifestó.
“Minoría mafiosa”
Señaló que el cartismo, que actualmente ostenta mayorías en ambas Cámaras del Congreso, es “la clase política minoritaria” en el contexto más general del país.
“Esta facción del Partido Colorado que impone su visión autoritaria es minoría y si la ciudadanía se empodera de ese concepto no nos puede ganar esa minoría mafiosa”, declaró.
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Afirmó que el cartismo, desde el inicio del periodo parlamentario, está promoviendo una agenda de deterioro de la institucionalidad y de las libertades, recordando como ejemplo un proyecto presentado a mediados del año pasado por la senadora colorada cartista Lizarella Valiente que “pretendía censurar y regular las redes sociales”.
Dijo que el movimiento cartista Honor Colorado está utilizando a “personas sin nada qué perder” que ingresaron al Congreso bajo las banderas del Partido Liberal Radical Auténtico o el “tercer espacio”, pero que en realidad son cartistas “desechables”, para “tirar el globo sonda”.
Censura y copamiento
Señaló también como ejemplo la reciente denuncia contra la periodista Letizia Medina, de ABC Color, por parte de la senadora cartista Norma Aquino (ex Cruzada Nacional) por supuesta “violencia política”, por un vídeo en que la comunicadora la parodiaba.
“Debemos defender la libertad de expresión, de prensa, iniciar un debate en defensa de nuestras libertades ante el avance del autoritarismo”, insistió la exlegisladora. “La ley de violencia política contra la mujer debe ser interpretada en el marco del debate parlamentario, entre pares, como una forma de ordenar los debates y hacer armónica la discusión, pero de ninguna manera debe aplicarse a comunicadores”, opinó.
A los intentos de censura, agregó, se suma un esfuerzo del cartismo por “copar” con sus representantes instituciones judiciales como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o el Consejo de la Magistratura, “cuando más que nunca necesitamos instituciones que salgan al paso de estos avances autoritarios que parecen nimios, insignificantes”.
“Luego serán los gremios, los docentes, los estudiantes los que no podrán manifestarse”, advirtió.
Acción de inconstitucionalidad
Por medio de su abogado, su hermano Robert González, la exsenadora presentará la próxima semana una acción de inconstitucionalidad contra su expulsión del Senado, ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que el juicio político de pérdida de investidura no siguió el reglamento interno del Senado, que establece como mínimo necesario para la expulsión de un senador una mayoría de dos tercios (30 votos sobre 45) y requiere que al legislador enjuiciado se le corra traslado formal de las acusaciones en su contra y se le otorgue un mínimo de siete días para preparar su defensa.
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La exsenadora denunció que aún no recibió documentos necesarios para la presentación de su recurso que le deben ser otorgados por el Senado.
Finalmente, reflexionó que la persona más perjudicada por los avances autoritarios del cartismo y el deterioro de la institucionalidad en el Congreso será el presidente Santiago Peña.
“En un país donde no hay democracia no hay salud, no hay educación, no hay trabajo, no hay transporte público digno, no hay economía que pueda prosperar”, dijo. “Eso tiene que entender Santiago Peña. Él cuando juró se comprometió ante el pueblo paraguayo, no ante una facción interna de un partido político”, aseveró.