La forma en que el Gobierno de Santiago Peña encaró y comunicó el proyecto de ley “Hambre Cero”, con el que pretenden eliminar el Fondo Nacional de Inversión en Ciencias, Investigación y Desarrollo y crear el Fondo Nacional de Alimentación Escolar, fue la principal critica que realizaron los intendentes al titular del Poder Ejecutivo, según explicó Guido González, intendente de Lambaré.
“Duró el debate aproximadamente tres horas, porque en realidad ya se cambió el proyecto en sí, que nos llevaba todo nuestros Royalties y Fonacide, ese es ahora mismo el proyecto que está en el Parlamento. Lo que nosotros ya sabíamos es la propuesta que iba a hacer el presidente y eso es lo que se empezó a debatir, que el 100% de los royalties se iba a quedar con nosotros y el 30% pasaría a formar parte del fondo”, indicó.
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Agregó que también los intendentes de Salto del Guairá perdían mucho más con el proyecto de Ejecutivo, prácticamente se quedaban con las manos vacías, lo que centró una gran parte del debate hacia Saltos del Guairá, que finalmente decidieron tratar el caso de forma particular.
Lambaré ya licitó almuerzo e infraestructura con Fonacide
Guido González contó que su administración continúa normalmente con la licitación del almuerzo escolar y de infraestructura; sin embargo, recién una vez que cuenten con la vigencia de la ley “Hambre Cero” tendrán que realizar los cambios de las designaciones presupuestarias.
“Estamos en proceso de licitación, justamente hoy se tocó en la reunión con el presidente de diputados donde estuvo la ministra Lea, estuvo el ministro de Educación, estuvo la gente de la DNCP, vamos a seguir el proceso hasta donde dice ‘no alguien más se va a encargar tal institución’, para nosotros, el Ministerio de Desarrollo Social y para la gente del interior la Gobernación”, explicó.
Indicó que el 30% de lo que recibe Lambaré por Fonacide, G. 1.100 millones dedicaban exclusivamente al almuerzo escolar que equivalía a 1.050 de alumnos por día por 5 meses, con un costo de G. 12.450 por cada plato de comida, mientras que lo que restaba, G. 2.700 millones aproximadamente, dedicaron a la infraestructura: construcción de aulas o reparación de instituciones educativas.