Hace cinco años, el Congreso Nacional derogó el artículo 7° de la Ley 6112 “Del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”, que establecía un subsidio mensual estatal del 7%, un poco más de G. 3 mil millones anuales, que el Estado, como empleador, destinaba a la Caja Parlamentaria para salvarla de un colapso.
La intención de los proyectistas era que la caja parlamentaria quedara exclusivamente con aporte de los congresistas y el Estado ya no pagará ni un solo guaraní de lo que la ciudadanía abona con sus impuestos.
Este año, los legisladores, de forma silenciosa, volvieron a restituir el cuestionado subsidio mensual estatal del 7% para destinar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo y presupuestaron en el PGN 2024 del Congreso, en el rubro 134 aporte jubilatorio del empleador la suma de G. 3.500 millones, dinero que será financiado con dinero de todos los contribuyentes.
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Senadores, diputados y jubilados del Legislativo buscarían nutrir la Caja Parlamentaria para evitar un colapso financiero y así seguir gozando de la privilegiada jubilación vip que hoy les permite jubilarse con dos periodos (10 años) y 55 años de edad a diferencia de un trabajador del sector privado que debe sumar 30 años de aporte y 60 años de edad para alcanzar la jubilación ordinaria (100%).
El crédito presupuestario se incluyó en el PGN 2024, sin una disposición legal, que permita al Ministerio de Economía y Finanzas realizar la transferencia del crédito, ya que hace cinco años la normativa que permitía al Estado subsidiar la caja parlamentaria quedó derogada.
Habla de “equidad”
La titular del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo, exsenadora Blanca Lila Mignarro (PLRA), intentó justificar el subsidio estatal a la Caja señalando que lo hicieron por una cuestión de “equidad” porque otras cajas cuentan con el aporte mensual del 7% que proviene del Estado. Negó que la caja esté en crisis.
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Reconoció que el crédito presupuestario no cuenta con una base legal y dijo que podrían plantear a través de una resolución que justifique el ingreso o a través de la modificación de la ley del Fondo de Jubilaciones del Legislativo para volver a incorporar el criticado artículo derogado en 2019.
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