La jefa de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz Recalde, fue designada presidenta Pro-Tempore por todo este año en la XLVIII reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Gafilat, grupo que sigue de cerca la actuación de nuestro país, que a finales del gobierno anterior pasó a duras penas las evaluaciones y evitó ser incluido en la lista gris de países ligados al lavado de dinero y otros delitos económicos.
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Representantes de organizaciones civiles y exautoridades de Seprelad, como Carlos Arregui, habían advertido a finales del año pasado, al tener media sanción el proyecto de ley de “corrupción o devolución premiada” que con eso el gobierno y la mayoría oficialista que domina ambas cámaras del Congreso ponen en riesgo el estatus de nuestro país, al promover iniciativas que atentan contra la transparencia y promueven o facilitan los hechos de corrupción.
Esta iniciativa plantea premiar a políticos corruptos que sean pillados robando al Estado con penas ridículas o nulas, a cambio de “devolver lo robado”.
Por su parte, la “sentencia de muerte” que le dio Peña a la Ley contra conflicto de intereses y de “puertas giratorias” permitirá ocultar negociados incluso a través del Estado, ya que al esconder o permitir no declarar vínculos familiares de políticos con empresas contratistas del Estado, facilitaría eventualmente la comisión de hechos punibles incluso con la participación estatal.
Ya ocurrió en el caso Darío Messer, ya que incluso se utilizaron presuntamente bonos soberanos para sus operaciones en Paraguay.