“Por supuesto que no da gusto que parte del trabajo que nosotros hacemos se utilice y que se pague a personas que están vinculadas a cuestiones de nepotismo, como se denuncia todos los días en la prensa. Evidentemente que no da gusto, no es una situación de la cual podemos abstraernos de una realidad como esa”, sostuvo Orué, que primeramente se mostró cauteloso en cuestionar los casos, que salpican tanto a legisladores oficialistas como de otros “opositores”.
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El mismo acotó que supuestamente perciben una intención por parte del Ejecutivo de corregir estos abusos mediante el proyecto de ley de “Servicio Civil” que se encuentra pendiente de estudio en su primer trámite en la Cámara de Senadores.
“Es un tema que perjudica el trabajo que estamos haciendo lastimosamente, pero entiendo que se está trabajando en un proyecto de ley de Servicio Civil. Creo que eso se va a ir corrigiendo y el apoyo de la ciudadanía es fundamental para establecer políticas públicas que sean en beneficio de todos los ciudadanos y no solo de un sector”, refirió el titular del ente recaudador.
La DNIT fue creada en este gobierno mediante una fusión de lo que anteriormente era la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), y por ende centraliza todas las principales vías de recaudación del Estado.
En medio de estos radicales cambios, además Orué logró sobrevivir a la transición de gobierno, siendo uno de los pocos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez que continúa en la actual administración de Santiago Peña.
También hay que tener en cuenta que en campaña, el presidente Peña prometió no aumentar los impuestos en nuestro país, por lo que no tiene otras vías para recaudar más que eliminar la informalidad y la evasión impositiva, o bien, gestionar mejor los recursos disponibles.
Esto segundo precisamente es lo que no está haciendo el Gobierno, repartiendo millonarios salarios a parientes de legisladores que ingresan en su mayoría sin méritos y valiéndose exclusivamente de la influencia de sus familiares.
Si bien Orué reconoció que hay sectores políticos privilegiados, negó que desde el Estado estén exprimiendo más de lo que faculta la ley a los contribuyentes.
“Nosotros no le estamos apretando con torniquete a nadie, nosotros hacemos cumplir la ley”, sostuvo, aunque también reconoció que “siempre el Poder Legislativo tuvo excepciones en el presupuesto” y lo que hay que hacer ahora es que “la norma sea para todos, no tiene que haber excepciones para nadie”.
El proyecto del “Servicio Civil” que refiere tiene aspectos interesantes que plantean, por ejemplo, poner límites a los salarios en el Estado, pero también otras cuestiones vidriosas, como intentar “legalizar” los llamados “cargos de confianza”, que precisamente ahora son excusa para los abusos.