Santiago Peña firmó la Ley N° 7238, con fecha 22 de diciembre, por el cual se declaran en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos del territorio de la República y establece los objetivos del plan de seguridad penitenciaria con el concurso de las fuerzas públicas.
La decisión se dio tras el operativo Veneratio, que permitió retomar la semana pasada el control del Penal de Tacumbú y desarticular estructuras criminales organizadas que lo tenían sometido, concretamente el denominado Clan Rotela.
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El 20 de diciembre pasado, ambas cámaras del Congreso, sancionaron rápidamente el proyecto de ley “que declara en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios” del país por el lapso de un año y que concede más poder al ministro de Justicia, Ángel Barchini.
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Entre los puntos principales del proyecto sancionado prevé un “Plan de Seguridad Penitenciaria con las Fuerzas Públicas que tendrá por objetivo coordinar las acciones conjuntas del cuerpo de seguridad penitenciaria, del Ministerio de Justicia, con los efectivos correspondientes de las Fuerzas Públicas, en Seguridad y Vigilancia de los Centros Penitenciarios”.
Además, se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a gestionar recursos de manera prioritaria para el Ministerio de Justicia, “para llevar adelante obras de infraestructura y la compra de equipos tecnológicos de seguridad”, entre otros.