Entre los más importantes y urgentes, se aguarda la promulgación o veto del presidente, Santiago Peña, de un proyecto de ley sancionado que busca “descuartizar” la Ley Nº 7089, que “establece el régimen de prevención, corrección y sanción de “conflictos de intereses en la función pública” y prohíbe casos de “puertas giratorias”.
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El Congreso sancionó una reforma que les otorga impunidad para casos tan vigentes como los de nepotismo y corrupción en la administración de fondos públicos.
Es casi paradójico que Peña, siendo uno de los tantos ejemplos de “puerta giratoria”, sea el que tenga en sus manos dictar o no la “sentencia de muerte” de una ley para favorecer a corruptos. Se utiliza el término “puertas giratorias” para definir a altos funcionarios, que al salir de la función pública, son contratados por empresas privadas del mismo rubro, pudiendo sacar provecho de información privilegiada estatal y ser ubicados en esos cargos privados como “premio” por beneficios concedidos en la función de Gobierno.
Peña fue ministro de Hacienda en el Gobierno de Horacio Cartes, luego estuvo vinculado laboralmente a Banco Basa, que formaba parte del Grupo Cartes, y ahora volvió al Estado, siendo ya mandatario.
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Lo grave del proyecto de ley no es solo que testa todo el capítulo relacionado a las prohibiciones de casos de “puertas giratorias”, sino también elimina toda obligación de los funcionarios de declarar su parentela ubicada en el Estado.
El interés por ocultar a sus familiares se hace más que evidente con los recientes casos de presunto nepotismo, con hijos de políticos con altos salarios mantenidos con dinero de los contribuyentes, como se acusó en el caso de Alejandro Ovelar Ayala (que ya renunció), hijo del presidente del Congreso, senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), o de Montserrat Alliana Encina, primogénita del vicepresidente de la República, Pedro Alliana (ANR, HC), entre otros varios.
En el caso de promulgarse las modificaciones, también se dejará impune la omisión y el falseamiento de datos en las declaraciones juradas de intereses, permitiendo “corregir” en el caso de ser descubiertos.
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El mandatario ya dio malas señales en contra de la transparencia al vetar el proyecto de ley que pretende impedir que se “puenteen” las fiscalizaciones de Contraloría, recurriendo a Tribunales de Cuentas, que no tiene la atribución constitucional y son un mecanismo usado por varias instituciones para evitar ser auditadas.
Este proyecto volvió al Congreso, que tendrá en sus manos avalar la impunidad o levantar el veto de Peña.
Otra iniciativa que quedó al acecho en el Congreso es el proyecto de ley de “devolución premiada”, que en realidad lo que premia es la corrupción, ya que permite a administradores públicos y políticos, en caso de ser descubiertos robando al Estado, devolver el dinero a cambio de reducir a la mitad sus condenas, que en general son ya de por sí ínfimas o incluso nulas.
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Este proyecto tuvo ya media sanción de Diputados y quedó pendiente de estudio en el Senado a consecuencia del inicio del receso parlamentario.
Finalmente, el Senado, en su última sesión de este año, se “autoblindó” ante eventuales pedidos de pérdida de investidura elevando de manera inconstitucional la cantidad de votos requerida para expulsar a un legislador.
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Esta vez lo hicieron modificando el reglamento de la Cámara Alta, ya que anteriormente intentaron hacerlo por ley (denominada Ley de “Autobandidaje”), pero fueron vetadas.