El juicio contra el ex fiscal general Francisco Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo prosigue este jueves con la réplica de la Fiscalía y dúplica de la defensa. El Tribunal de Sentencia, presidido por Víctor Alfieri e integrado por Alba González y Darío Báez, ya se encuentra en etapa de deliberación.
El ex fiscal general, procesado por enriquecimiento ilícito, negó nuevamente el ilícito y aseguró que se trata de una “persecución” por parte de su sucesora en el cargo, Sandra Quiñónez.
“Yo creo en la Justicia y me someto a sus decisiones. (Es una persecución de Quiñónez) definitivamente, eso es categórico. Ustedes vean quiénes son los fiscales que intervinieron. Siempre se manejó esta carpeta en el despacho de Sandra Quiñónez”, dijo a ABC TV.
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Díaz Verón: Fiscalía se ratifica en acusación
Las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera se ratificaron en los pedidos de condena a 8 años de cárcel contra Díaz Verón y 5 años de prisión contra su esposa por presunto lavado de dinero. También en la revocatoria del arresto domiciliario que fue dictado en el 2019, lo que podría reducir los años de prisión de ambos.
Los agentes insistieron en que el matrimonio no puede justificar más de G. 10.000 millones. “Estamos conformes con el trabajo que hicimos. Vamos a esperar que la decisión sea justa y ejemplar para el Ministerio Público”, agregó.
Silva detalló que hay facturas emitidas por María Selva Morínigo -por brindar supuesto servicio de asesoría jurídica- en relación a un juicio por tierras en el Chaco. “Era un litigio que alegaban que era por tierra, donde ella intervenía como asesora”, comentó.
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Juicio “muy difícil”
A su vez, la fiscala mencionó que es un juicio que “costó mucho”, por los incidentes y artilugios planteados por la defensa. “Es un caso muy difícil donde luchamos contra todos los obstáculos”, mencionó.
Igualmente, refirió que sintieron respaldo en su trabajo, principalmente de la prensa, considerando que se trataba de un caso “complicado”.
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La defensa del ex fiscal general y su esposa solicitó la absolución del matrimonio, tras cuestionar la pericia que sustenta la acusación de supuesto enriquecimiento ilícito