La Cámara de Diputados, en el último trámite constitucional, levantó el veto total de presidente Santiago Peña y devolvió al Ejecutivo para su promulgación obligatoria una ampliación por G. 5.550.419.810 para la Corte Suprema de Justicia, a fin de destinarlo a subirle el sueldo a unos 827 actuarios judiciales.
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Pese a que no se admitió el debate, ya que querían apurar lo máximo posible, ninguna de las bancadas de los diferentes partidos con representación en Diputados se opuso a levantar el veto, pero la líder de bancada cartista Rocío Abed, aprovechó la ocasión para mostrar una vez más su obsecuencia y zalamería al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.
“Convencidos de que se merecen esas reivindicaciones históricas que venimos peleando de desde la ley del 2022 y hoy se completa ese círculo con la ampliación del presupuesto actual, por lo que solicitamos sea rechazada la objeción total del poder Ejecutivo, y resalto y reitero, con el acompañamiento de (Santiago) Peña, (Pedro) Alliana y Horacio Cartes”, dijo Abed.
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Su intervención fue ridícula por donde se la mire ya que, primeramente, no es ningún mérito atribuirles a ellos aumentar salarios a funcionarios a costa del dinero de los contribuyentes, y en segundo término, Cartes ya no es parte (oficialmente) del Gobierno, por lo que no tiene porqué dar la venia de nada.
Peor aún, refuerza aún más la duda recurrente de quién es el que realmente tiene “la lapicera” en este gobierno, si Peña o Cartes.
Los otros sectores políticos ni siquiera pudieron expresar su posición, aunque estaban todos decantados en apoyar el rechazo el veto, ya que el diputado Marcelo Salinas (PLRA, A) pidió rápidamente el cierre del debate y llevar a votación.
Con la promulgación de esta ampliación, unos 827 actuarios judiciales pasarán de percibir un salario de G. 6.500.000 a G. 8.503.600, lo que implica un aumento de G. 2.008.000 para cada funcionario.
Inicialmente, el Ministerio de Economía y Finanzas había rechazado este aumento por violentar disposiciones básicas, como el no haber consultado siquiera de la factibilidad a dicha cartera y carecer de análisis previo respecto a su viabilidad e impacto, en el Presupuesto, sobre todo del próximo año, que implicará conseguir unos G. 22.201.679.240.