Organizaciones comprometidas con la protección de los derechos de la niñez, entre ellas Global Infancia, Enfoque Niñez, Aldeas Infantiles SOS, expresan su preocupación sobre el tratamiento en el Congreso de modificación de Ley de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Según denuncian la propuesta de modificación ignora el derecho fundamental de los niños y niñas a vivir en familia.
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El miércoles 20 de noviembre, la Cámara de Senadores tiene como punto 10 del orden del día evaluar el proyecto de ley “Que modifica los artículos de la Ley de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción. Esta iniciativa es presentada por los senadores cartistas Lizarella Valiente y Basilio “Bachi” Núñez.
Modificación impide el derecho de niños de vivir en familia
Según manifiestan en un comunicado, la propuesta va de contramano pretendiendo volver a permitir que instituciones puedan acumular 50 o 60 niños e impidiendo así el cumplimiento del principio de Interés Superior del Niño, de priorizar su derecho a vivir en familia. “Se debe avanzar, no retroceder”, señaló Rosa María Ortiz, ex integrante del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y es comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Según refieren, a lo largo de 10 años, más del 60% de instituciones que albergan niños han logrado adaptarse a los requisitos que favorecen a los niños y niñas reduciendo el número y el tiempo de permanencia.
“Se requiere es que el Estado atienda las dificultades en el lugar donde están los problemas: por un lado la insuficiente disponibilidad de equipos técnicos para evaluar la situación particular de cada niño/a con dificultades en crecer en su familia y por otro la lentitud de los procesos judiciales”, denuncian.
Destacan que los niños que actualmente residen en hogares de abrigo tienen derecho a una familia y no a vivir permanentemente en Instituciones, salvo excepciones, hogares de tipo familiar, en los que el número de niños no exceda de 6.
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Según argumentan, el parlamento contribuye con G. 3.000 millones en el Presupuesto del año 2024 para apoyar al Ministerio de la Niñez en su responsabilidad de acompañar a los hogares con equipos técnicos suficientes y adecuados. Agregan además el apoyo del Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio Público, Juzgados y otras instituciones que trabajan para garantizar el cuidado.
Concluyen que, en la medida en que la organización social del cuidado es injusta y profundiza diversas dimensiones de la desigualdad, resulta también un espacio de vulneración de derechos.