El proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 13 de la ley N° 2.345, De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal; Sistema de jubilaciones y pensiones del sector público; y abroga las disposiciones contenidas en sus leyes modificatorias, por las leyes N° 4.735/12 y 4.747/12″ busca en esencia, incluir a los docentes del Magisterio Nacional, docentes universitarios y a los docentes con alguna discapacidad, o que implementen planes y programas de la educación inclusiva, como beneficiarios de la jubilación ordinaria. Los proyectistas argumentan que los beneficiarios deben contar con 28 años de servicio con una tasa de sustitución de 87%, y de 25 años de servicio con una tasa de sustitución del 83%. En ambas tasas incluyen un aporte del 5,5% para la cobertura del seguro médico del IPS.
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El proyecto también establece las siguientes modificaciones que a las mujeres se les computará, a partir de los 25 años de servicio, un año más de servicio por cada hijo nacido durante el ejercicio de la docencia, no debiendo exceder del número de tres.
Los diputados argumentaron que en la ley actual se omitió el párrafo correspondiente a la jubilación ordinaria de los docentes con discapacidad y de quienes imparten enseñanza a alumnos con discapacidad. Agregaron que la exclusión se hizo con la derogación de la ley 4.735/12, que fue ejecutado precisamente como una medida económica para tratar de su disminuir el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
La iniciativa parlamentaria fue girado a las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Equidad Social y Género; y a Presupuesto.
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La Cámara de Diputados recientemente aprobó la ley que crea de superintendencia de jubilaciones supuestamente para “controlar las cajas jubilatorias”.
Desde el 2015 con serios problemas
La Caja Fiscal está compuesta por seis sectores: empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros, con un aproximado de 73.589 beneficiarios entre jubilados y pensionados.
La caja arrastra déficits desde el año 2015, luego de que empezaron a aprobarse más de 12 leyes que establecen regímenes especiales y que distorsionaron y perforaron las medidas implementadas mediante la reforma de la ley en 2003.
Actualmente el Gobierno promete “controlar mejor” las cajas para lo cual a tambor batiente sancionó la ley que crea la superintendencia de pensiones y jubilaciones el pasado jueves.