En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Eduardo Ojeda, representante de la Corriente Sindical Clasista, dijo que con su actuación de los últimos días con relación a la aprobación en el Congreso Nacional del cuestionado proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, el gobierno del presidente Santiago Peña “demostró cuáles son sus prácticas para hacer atraco a los fondos públicos”.
Entre el martes y el miércoles, ambas Cámaras del Congreso, en las que el oficialismo colorado cartista tiene mayorías, aprobó el proyecto de ley de la Superintendencia de Jubilaciones, que fue cuestionado por legisladores opositores y representantes de jubilados y gremios de trabajadores por la falta de transparencia, claridad de comunicación y debate con que la propuesta fue impulsada.
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“El sistema jubilatorio se descuartizó, se va a saquear con esta ley que aprobaron”, advirtió Ojeda sobre el proyecto, que otorgaría al Poder Ejecutivo mayor control sobre las cajas de pensiones.
Ojeda valoró la “resistencia” y la “solidaridad” de gremios de trabajadores y jubilados que se manifestaron en los últimos días contra el proyecto de ley y contra “este grupo mafioso, este grupo tramposo que representa a la mafia, al dinero sucio”.
Advirtió que los sindicatos continuarán su lucha y van a ser “la pesadilla de este Gobierno”.
Se reunirán el lunes
Para el próximo lunes, a las 13:30, está programada una reunión de distintas organizaciones de trabajadores en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande), cuyos miembros fueron algunos de los más visibles durante las protestas de los últimos días.
Esa reunión, explicó, será para “escuchar propuestas” y “analizar en frío” las acciones a tomar en reacción a la aprobación del proyecto de ley y su eventual promulgación por parte del presidente Peña.
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El representante sindical señaló también que es necesario fortalecer la relación entre los gremios y miembros del Parlamento y destacó la actitud de algunos legisladores opositores que acompañaron las protestas y se negaron a dar quorum a las sesiones del Congreso en las que el cartismo logró la aprobación del proyecto de ley de la Superintendencia.
Finalmente, criticó a “los dirigentes delincuentes del sindicalismo” que “negociaron y entregaron el sistema jubilatorio” al dar su visto bueno al proyecto del Ejecutivo, entre los que señaló a Bernardo Rojas, de la Central Unitaria de Trabajadores, a quien calificó de “un instrumento del cartismo”; además de a Miguel Zayas, presidente de la Central Nacional de Trabajadores, y Sonia Leguizamón, titular de la Central General de Trabajadores del Paraguay.